La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha manifestado que el Ejecutivo observa con "tranquilidad" el inicio del juicio por el caso de las mascarillas que involucra al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. En este contexto, Saiz expresó su "empatía" con la ciudadanía y comprendió su "indignación", señalando que se trata de una "semana especialmente dura" debido al comienzo también del juicio del caso Kitchen, que afecta a antiguos dirigentes del Partido Popular (PP).
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz destacó que la corrupción provoca "desafección" y perjudica al conjunto de la ciudadanía. Al ser preguntada sobre el caso que involucra a Ábalos y su exasesor Koldo García, también se refirió al juicio por el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, en el que están implicados el exministro Jorge Fernández Díaz y la cúpula del Ministerio del Interior en la época de Mariano Rajoy. Saiz insistió en la "empatía" del Gobierno con la "preocupación" y el "enfado" de la población.
El Gobierno es "el primer interesado en que se sepa toda la verdad y se diriman todas las responsabilidades".
En las declaraciones del martes también se mencionaron los testimonios escritos del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quienes negaron haber ordenado la contratación de material sanitario con la empresa bajo investigación.
Cuando se le preguntó sobre posibles responsabilidades políticas en el Gobierno de Pedro Sánchez si Ábalos fuera condenado, Saiz afirmó que el PSOE ya apartó a los presuntos implicados y no tolera la corrupción. Mencionó que las "relaciones personales se basan en la confianza", y cuando esta se rompe, "hay que actuar", referenciando la expulsión de Ábalos del PSOE tras la detención de García.
Saiz aclaró que el PSOE ha actuado con "contundencia" contra la corrupción, alegando que "las responsabilidades se tomaron". Criticó al PP por su manejo de situaciones similares, afirmando que "otras fuerzas políticas en lugar de colaborar con la Justicia destruían pruebas a martillazos".
