El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha emitido una resolución relevante en el caso Ciadi contra el Reino de España, relacionado con los recortes retroactivos a las energías renovables y específicamente vinculado al Caso Watkins. La sentencia, firmada por la jueza Beryl A. Howell, rechaza los intentos de España de bloquear embargos de sus acreedores y exige al país proporcionar información sobre sus activos.
En la orden judicial fechada el 10 de abril, el tribunal considera que ha pasado un tiempo razonable desde la condena sin que España haya realizado el pago ni ofrecido garantías. Esta situación permite a los acreedores iniciar procedimientos de embargo sobre los activos del Estado español en Estados Unidos. El procedimiento se encuentra en fase de ejecución tras la sentencia de septiembre de 2025, que reconoció el laudo internacional y obligó a España al pago de 93 millones de euros, cifra que incluye una condena original de 77 millones de euros, intereses de demora, costas y otras obligaciones.
El litigio ha sido gestionado por Blasket Renewable Investments, con el bufete King & Spalding como representación legal. El tribunal autoriza a los demandantes a registrar la sentencia en cualquier distrito judicial de Estados Unidos, lo que facilita la identificación y embargo de activos en diversas jurisdicciones. Además, respalda el uso de mecanismos de localización de activos, como la emisión de subpoenas a entidades y empresas económicas asociadas con España.
Esta decisión del tribunal representa un avance crucial en la ejecución de los laudos internacionales, permitiendo a los acreedores avanzar hacia el embargo efectivo para el cobro de indemnizaciones.
Por su parte, el Ejecutivo español intentó sin éxito suspender la ejecución de la sentencia y anular los requerimientos de información. La Corte rechazó los argumentos de España que se basaban en la imposibilidad de pago por derecho de la Unión Europea y la existencia de recursos pendientes, determinando que estos no justifican la paralización de la ejecución.
Las empresas involucradas han anunciado un procedimiento de rastreo de bienes, potencialmente afectando la operativa de la selección española de fútbol para el Mundial 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos. Las transacciones con firmas como Adidas, Hilton, Baylor School o la FIFA podrían ser objeto de embargo por parte de los acreedores, complicando así la gestión financiera del Estado español y subrayando los efectos de los impagos acumulados.
