El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que estará dotado de un presupuesto de hasta 7.000 millones de euros, triplicando así la cantidad del plan anterior. Este proyecto se centra en proteger de manera permanente las viviendas públicas.
El plan destinará un 40% de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de forma duradera, mientras que el 30% se dedicará a la rehabilitación del parque de viviendas existentes mediante ayudas concretas. El 30% restante irá dirigido a subvenciones para fomentar la independencia de los jóvenes, reducir la carga financiera de las familias y actuar en zonas con alta tensión inmobiliaria.
El principio de protección indefinida se introduce para las viviendas públicas, asegurando que los inmuebles adquiridos y promovidos con estos fondos sean protegidos de manera permanente.
El modelo de financiación del plan establece que el Estado asumirá el 60% de la inversión, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, un esfuerzo mayor comparado con el 25% que cubrían en planes anteriores. Este aspecto ha suscitado críticas de gobiernos autonómicos del Partido Popular, argumentando que podría afectar la igualdad y la autonomía regional, calificando el nuevo plan como "ideológico".
El plan se articula en torno a cinco ejes centrales: la promoción y adquisición de vivienda pública; la mejora de la eficiencia y accesibilidad mediante la rehabilitación; apoyo específico para facilitar la emancipación juvenil; medidas para reducir la carga económica del acceso a la vivienda; y políticas para aliviar la presión en mercados tensionados.
A pesar de que el texto incorpora aportaciones de las comunidades autónomas, su aprobación llega con casi cuatro meses de retraso respecto al calendario previsto por el equipo de Isabel Rodríguez, debido a las negociaciones con las autonomías. El plan se formalizará como un Real Decreto, lo que evita su paso por el Congreso de los Diputados, y será vigente tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Ayudas para el alquiler con opción a compra
Entre las novedades del plan, se contemplan ayudas a jóvenes para el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas permanentemente tasadas hasta 300.000 euros. Además, se ofrecerán hasta 10.800 euros en ayudas a jóvenes que adquieran o construyan su primera vivienda en áreas con riesgo demográfico.
También se prevé un aumento del bono alquiler joven a 300 euros mensuales, desde los 250 actuales. Se otorgarán ayudas de hasta 250 euros al mes para el alquiler de la residencia habitual, y apoyos específicos para colectivos vulnerables, incluidas víctimas de violencia de género y personas desalojadas de su hogar.
El plan abarca ayudas para la rehabilitación estructural de hasta 8.000 euros por vivienda, mejoras de accesibilidad de hasta 13.000 euros y rehabilitaciones energéticas de hasta 20.500 euros. Se ofrecerán incentivos de hasta 35.000 euros para rehabilitar viviendas vacías, siempre que se destinen a alquiler asequible durante al menos cinco años. Además, se facilitarán ayudas de hasta 85.000 euros para construir viviendas públicas en municipios con menos de 10.000 habitantes.
