El Congreso de los Diputados debatirá y votará este martes una proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) que busca agilizar los procesos de desarrollo urbanístico y permitir a entidades como empresas, bancos y fondos de inversión recurrir a juicios rápidos para recuperar viviendas ocupadas ilegalmente. Esta propuesta ya fue aprobada en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y su admisión a trámite se defenderá en el Congreso el mismo día que el Gobierno planea aprobar en el Consejo de Ministros un plan estatal de vivienda con un presupuesto de 7.000 millones de euros.
La iniciativa del PP avanza más allá de lo urbanístico, incluso derogando ciertos puntos de la Ley de Vivienda de 2023 impulsada por el PSOE y Unidas Podemos. Un cambio significativo es la eliminación de las zonas tensionadas y el índice de precios de referencia de alquileres, consideradas por el PP como perjudiciales para el mercado de vivienda.
Otro aspecto relevante de la proposición es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta modificación permitirá a entidades jurídicas, como empresas y bancos, usar un juicio verbal para reclamar la posesión de una vivienda. Esta vía, destinada a resolver rápidamente litigos civiles menores, está actualmente vetada para personas jurídicas, salvo que sean entidades sin ánimo de lucro. También se busca reducir de dos a un mes el plazo máximo de posible suspensión de desahucios, ajustando también este periodo de cuatro a tres meses cuando el demandante sea una persona jurídica.
En términos de vulnerabilidad económica, se plantea una reducción del umbral del IPREM de tres a 1,5 veces, afectando así la consideración de situación vulnerable de las unidades familiares cuyos ingresos superen los 900 euros mensuales.
El Partido Popular impulsa una proposición de ley que busca agilizar trámites urbanísticos y endurecer las condiciones de ocupación ilegal de viviendas.
En el ámbito urbanístico, la propuesta establece un silencio positivo para la construcción de nuevas edificaciones si en tres meses no hay respuesta administrativa, facilitando así los trámites. No obstante, se mantendrá el silencio negativo para obras en edificaciones catalogadas con protección histórica o ambiental.
El proyecto de ley también incluye la creación de una plataforma destinada a agilizar la emisión de informes sectoriales y mejorará la interoperabilidad entre diversas administraciones urbanísticas.
Finalmente, la proposición legisla para limitar la acción pública y establecer límites que eviten impugnaciones a los instrumentos de planeamiento con fines puramente económicos. Además, se reconoce a Ceuta y Melilla la capacidad de aprobar sus instrumentos de ordenación urbanística tras consulta con la Administración General del Estado.
