Santa Bárbara Sistemas (SBS), empresa propiedad de la filial europea de General Dynamics, confirmó que su recurso ante el Tribunal Supremo contra la adjudicación de dos préstamos para programas especiales de modernización de armamento seguirá adelante. Estos préstamos, otorgados a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), alcanzan un valor de 3.000 millones de euros.
El Tribunal Supremo, que admitió a trámite el recurso de SBS el pasado 19 de diciembre, decidió recientemente no aplicar medidas cautelares para suspender los préstamos, aunque aún no ha evaluado el fondo del asunto. En su auto, el Supremo especificó que no debe considerar la cualificación de las empresas para ser adjudicatarias ni sus capacidades para ejecutar los contratos, ya que estos aspectos no forman parte de la deliberación sobre las medidas provisionales.
Santa Bárbara Sistemas sostiene que fue excluida sin justificación del proceso de adjudicación y expresa preocupación por el impacto que esto podría tener en la industria de defensa española.
SBS argumenta que la falta de experiencia de los actuales beneficiarios de los préstamos en contratos similares podría acarrear significativos problemas para la industria en España y destaca que ya se está recurriendo a proveedores extranjeros, incluidos algunos no europeos, como Corea. Esto, según la empresa, supondría una pérdida de soberanía tecnológica y tendría consecuencias negativas para el empleo en el sector de defensa español.
Santa Bárbara Sistemas ha mostrado intención de colaborar con la Administración y con otras empresas para fortalecer la competitividad de la industria española de defensa en el marco europeo. La empresa recuerda que, dentro de los programas ATP Ruedas y Cadenas, presentó propuestas de colaboración a los adjudicatarios de los préstamos que no han recibido respuesta.
En cuanto a la decisión del Supremo de no aplicar medidas cautelares, la compañía ha optado por no comentar el auto. No obstante, aclara que solicitar la suspensión tenía el objetivo de prevenir futuros daños a los participantes del sector, incluyendo a la Administración y los recursos del Estado. SBS recuerda que, si el recurso prospera, los préstamos tendrían que ser devueltos, algo que el tribunal considera una responsabilidad ejecutable sin necesidad de medidas cautelares.
