El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, conocido como Gestha, ha solicitado un avance significativo en las reformas legales para asegurar que las decisiones del ámbito público prioricen el interés general. Esta petición surge a raíz de las recientes acciones judiciales en el caso Plus Ultra.
Gestha ha manifestado que la falta de transparencia que caracteriza las relaciones entre grandes sectores económicos y figuras públicas debilita la confianza ciudadana en las instituciones. En consecuencia, ven esencial regular la actividad de influencia, la transparencia, la integridad institucional y las incompatibilidades.
La insuficiente transparencia en las relaciones entre representantes públicos y grandes intereses económicos erosiona la confianza en las instituciones
Los técnicos han subrayado la necesidad de establecer la obligación de publicar agendas sin restricciones. Entre las medidas sugeridas, se incluye la creación de un registro público y obligatorio de grupos de interés, gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses. Asimismo, proponen un código de conducta obligatorio para los lobistas, con estrictos principios éticos que prohíban ofrecer regalos a cargos públicos y exijan que las infracciones se hagan públicas.
De igual modo, Gestha sugiere reforzar las incompatibilidades tras el cese de altos cargos y funcionarios, impidiendo que realicen actividades de influencia relacionadas con sus antiguos ámbitos de competencia. También se destaca la importancia de publicar las agendas y documentos de los cargos públicos, informando sobre las reuniones, temas discutidos y documentos presentados.
Finalmente, el sindicato plantea el fortalecimiento de los órganos de control y supervisión, la creación de una Agencia independiente de Integridad Pública, la ampliación de los plazos de prescripción de delitos de corrupción, la recuperación de fondos sustraídos mediante la condicionante de beneficios penitenciarios, la incorporación de inteligencia artificial para detectar conflictos de interés y el establecimiento de planes estratégicos obligatorios de prevención del fraude.
