Este fin de semana inicia una serie de manifestaciones a favor de una vivienda digna y asequible, organizadas por las federaciones locales del Sindicato de Inquilinas y otras entidades sociales. Los actos comienzan este sábado, 23 de mayo, en Guadalajara, y seguirán el domingo en Badajoz, Madrid, Teruel y Zaragoza. El calendario de movilizaciones, que se prolonga hasta el 28 de junio, continuará en varias ciudades, incluida una convocatoria el 30 de mayo en Murcia, Burgos y Logroño.
Estas manifestaciones se realizan bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios'. Los sindicatos CCOO y UGT han llamado a la ciudadanía a llenar las calles en apoyo a estas reivindicaciones. Los líderes de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, asistirán a la manifestación de Madrid, acompañados por sus secretarios generales de Madrid, Paloma López y Susana Huertas.
En un comunicado, las organizaciones sindicales han advertido que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y exclusión social, afectando de manera particular a la clase trabajadora. Subrayan la importancia de limitar los precios del alquiler para que no superen el 30% de los ingresos del hogar y de reformar el mercado hipotecario en el contexto actual de subida de tipos, con el fin de garantizar ese mismo umbral en las cuotas.
Las organizaciones sindicales alertan sobre un mercado del alquiler tensionado y fuera del alcance de muchas personas, tratando la vivienda como un bien especulativo y no como un derecho
El comunicado conjunto destaca que la raíz del problema radica en la falta de un parque público de vivienda adecuado. España enfrenta un déficit histórico a causa de décadas de políticas que han priorizado el mercado y la especulación sobre la vivienda. Proponen una ampliación decidida de la vivienda pública para asegurar precios asequibles y una protección permanente.
Asimismo, consideran urgente regular la actividad de fondos de inversión y grandes tenedores, quienes actúan como especuladores, tensionando los precios y desplazando a las poblaciones de sus barrios. La intención es evitar prácticas abusivas que perjudiquen el interés general.
