La Justicia estadounidense ha rechazado el recurso de Burford Capital para anular la revocación de la sentencia inicial sobre la expropiación de YPF, que establecía una indemnización de 16.100 millones de dólares (13.877 millones de euros) para los afectados.
La Procuración del Tesoro de Argentina ha emitido un comunicado declarando que esta decisión representa un respaldo significativo a la posición jurídica del país durante el proceso de apelación. Según el comunicado, "la decisión reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país el 27 de marzo". Además, se destacó que "este resultado es un logro para la defensa de los intereses del Estado Nacional y subraya la importancia de mantener una política jurídica internacional basada en el rigor, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público".
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha rechazado la solicitud de 'rehearing en banc' en el caso Petersen/Eton Park, lo que refuerza la necesidad de revisar la interpretación de la ley argentina en la primera sentencia
En marzo pasado, la Justicia ya había suspendido una orden de descubrimiento de pruebas que habría permitido a los demandantes de YPF solicitar información sobre activos embargables de Argentina, como sus reservas de oro. Anteriormente, en septiembre de 2023, la jueza de distrito Loretta Preska había dictaminado que los derechos de los litigantes fueron perjudicados por la nacionalización y ordenó a Argentina depositar el 51% de las acciones de YPF en una cuenta segura. No obstante, Argentina argumentó que Preska no tenía jurisdicción en este asunto, ya que la competencia recaía sobre la Justicia argentina. Durante la fase de instrucción, dos de los tres jueces del tribunal de apelaciones expresaron dudas sobre la competencia de los tribunales estadounidenses en este caso.
En 2012, YPF fue nacionalizada por el gobierno argentino bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, mediante una ley que permitió al Estado adquirir el 51% de la compañía, que anteriormente estaba controlada por Repsol. La disputa legal se trasladó a los tribunales estadounidenses cuando Burford Capital y Eton Park demandaron, tras adquirir los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. Estas empresas, pertenecientes al grupo argentino Petersen, estaban constituidas en España y controlaban el 25% de YPF en el momento de la nacionalización. Las firmas buscaban compensaciones al afirmar que Argentina debía haber lanzado una OPA sobre las acciones no poseídas por Repsol.
