El Ministerio del Interior de España ha manifestado oficialmente su oposición al Reglamento de Retorno de la Unión Europea, que está pendiente de aprobación, y que incluye la creación de centros de internamiento en países terceros. En una declaración enviada al Comité de Representantes Permanentes (COREPER) de la UE en Bruselas, el Ministerio subraya su frontal oposición a la propuesta, destacando su preocupación por las implicaciones jurídicas y las garantías limitadas que ofrece.
Fuentes del Ministerio han expresado que la propuesta podría provocar inseguridad jurídica, ya que incluso las familias con niños podrían ser trasladadas a estos centros sin tener ningún vínculo con el país receptor. Además, advierten del riesgo de litigios por una posible vulneración del principio de no devolución, presente tanto en la Carta Europea de Derechos Fundamentales como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El conjunto de los Estados miembros estamos asumiendo una gran responsabilidad y un riesgo inaceptable
Coincidiendo con la implementación del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), España ha asegurado que aplicará este acuerdo con un enfoque garantista y respetuoso hacia los derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional. La postura del Gobierno español, encabezado por el ministro Fernando Grande-Marlaska, reafirma su negativa a establecer centros de retorno en terceros países debido a las serias dudas sobre su legalidad y proporcionalidad.
Con el inicio del PEMA, el Ministerio del Interior dejará de otorgar y renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, práctica que ha beneficiado a ciudadanos venezolanos en los años recientes. En la declaración dirigida al COREPER, Interior cuestiona la eficacia operativa de los centros de internamiento en países sin vínculo familiar, social o económico para los trasladados, planteando dudas sobre el incentivo real que estas personas tendrían para no intentar regresar a la Unión Europea cuando sus oportunidades de vida en un país desconocido son limitadas.
La declaración también critica que el internamiento en estos centros deje de ser una medida de último recurso y se amplíe el periodo de privación de libertad hasta 24 meses, con posibles prórrogas indefinidas. Además, se menciona la posibilidad de detenciones en cadena en distintos Estados miembros sin un límite temporal claro, lo que genera la preocupación de si se está permitiendo privar de libertad a personas en situación administrativa irregular por periodos más largos que los aplicados a delincuentes condenados por delitos graves.
