La Unión General de Trabajadores (UGT) ha propuesto que el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) incluya una subida salarial mínima del 4% anual para los años 2026-2028. La propuesta surge después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) informara que la inflación en mayo se situó en el 3,2%.
Según el sindicato, los convenios colectivos con efectos económicos en 2026 han registrado hasta mayo un incremento salarial medio del 3%. No obstante, los convenios negociados durante este año, con efectos para 2026, han logrado elevar la cifra a un 4%, superando así la inflación media hasta mayo del 2,9%. UGT sostiene que estos datos indican que la negociación colectiva ya está aplicando las recomendaciones defendidas por el sindicato para el próximo AENC, lo cual contribuye a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.
UGT enfatiza la necesidad de incluir mecanismos en el futuro AENC que permitan aumentos salariales adicionales de hasta un 3% en sectores con importantes disparidades salariales
Además, UGT considera imprescindible consolidar un crecimiento salarial sostenido para proteger y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Se busca asegurar que las mejoras en la productividad y el crecimiento económico se traduzcan en mejores condiciones de vida.
En cuanto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el sindicato insiste en reforzar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos mediante subidas adicionales del SMI para alcanzar el 60% del salario medio. Recuerda que el SMI se revalorizó un 3,1% para 2026 mientras la inflación alcanzó un 3,2%, lo que, según UGT, sugiere la necesidad de una revisión semestral del SMI conforme al artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.
UGT también ha expresado su preocupación por el encarecimiento del coste de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, y ha pedido la aplicación efectiva de medidas para áreas con alta demanda, además de aumentar el parque de vivienda pública asequible. Finalmente, alerta sobre el potencial impacto inflacionario del fin de las rebajas fiscales en electricidad y combustibles, afectando principalmente a los hogares más vulnerables.
