La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea (UE) sigue en un punto muerto. Desde que el Gobierno español llevó la cuestión al Consejo de Asuntos Generales en julio de 2025, bajo presidencia danesa, el tema no ha vuelto a figurar en el orden del día debido a la falta de consenso. Así, España no ha solicitado su inclusión en la reunión prevista en Luxemburgo, confirmaron fuentes comunitarias, por considerar que las posiciones no han cambiado.
Diversos países consultados por Europa Press no consideran prioritaria esta cuestión en el contexto internacional actual, marcado por otros desafíos para la UE. España propuso en agosto de 2023 incluir estas lenguas en el reglamento lingüístico de la UE, en el marco de un acuerdo con Junts para respaldar un nuevo mandato de Pedro Sánchez. Durante el semestre de presidencia rotatoria del Consejo de la UE, realizado por España, el tema fue debatido repetidamente, pero no se logró un acuerdo.
La exigencia de unanimidad es el principal obstáculo para el reconocimiento oficial del catalán, el euskera y el gallego en la UE
El Gobierno español propuso en la primavera de 2025 que estas lenguas fueran reconocidas oficialmente desde 2027, con una implementación parcial que implicaría traducir solo ciertos reglamentos europeos. Argumentan que estas lenguas ya tienen reconocimiento constitucional en España. Sin embargo, la resistencia persiste entre varios Estados miembros, que temen establecer un precedente para otras lenguas minoritarias. Alemania, uno de los países reticentes, ha expresado sus preocupaciones jurídicas, sosteniendo que una reforma de los Tratados podría ser necesaria para asegurar la base legal de la oficialidad.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que 20 de los 27 Estados miembros no se oponen a la medida, aunque al menos diez mantienen dudas. Pese a los intentos de diálogo bilateral con Alemania, las reticencias aún persisten, siendo el aspecto jurídico el principal punto de fricción. Aunque las autoridades españolas han calificado la oficialidad de estas lenguas como una "prioridad", otros socios europeos no comparten esta visión debido a la actual complejidad internacional, incluyendo las tensiones en Ucrania y el estrecho de Ormuz.
Además, a pesar de que España se ha comprometido a asumir el coste económico de la propuesta, los socios demandan una evaluación de impacto por parte de la Comisión Europea, algo que el Gobierno aún no ha solicitado. Las "inquietudes" abarcan cuestiones jurídicas, financieras y prácticas, mientras se espera que las autoridades europeas presenten un informe que clarifique estos aspectos.
