El Consejo de Ministros ha dado luz verde, este martes en segunda vuelta, al anteproyecto de ley que modifica la normativa sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en un esfuerzo por adaptar el marco legal a la economía digital siguiendo la directiva europea del IVA. Este cambio normativo comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027.
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha detallado en rueda de prensa que estas modificaciones buscan combatir el fraude fiscal, y reducir las cargas administrativas que afectan a empresarios y profesionales. Un aspecto central de la directiva es el fortalecimiento del papel de las plataformas digitales en la gestión y recaudación del IVA, aplicable a sectores como el alquiler de alojamientos de corta duración y el transporte de pasajeros, donde se han identificado distorsiones competitivas.
La directiva ViDA persigue adaptar el sistema de IVA a un entorno digital creciente, como parte de un plan de acción comunitario con varias fases
La implementación de esta directiva se llevará a cabo de forma progresiva, destacando que las fases cruciales entrarán en vigor el 1 de julio de 2028 y el 1 de julio de 2030. Sin embargo, algunas modificaciones de menor envergadura, de carácter técnico, se aplicarán a partir del 1 de enero de 2027.
Entre estos cambios técnicos, se amplía el ámbito del régimen exterior de la Unión a servicios destinados a consumidores no residentes en la UE. Asimismo, se introduce la obligatoriedad de que los empresarios o profesionales no establecidos en la UE nombren un representante para obtener la devolución del IVA en operaciones de comercio electrónico en los regímenes especiales de ventanilla única.
Además, se establecen dos regímenes transitorios. El primero aborda las operaciones relacionadas con acuerdos de venta de bienes en consigna, las cuales desaparecerán con la entrada en vigor del nuevo módulo de transferencias de bienes propia, previsto para el 1 de julio de 2028. El segundo régimen transitorio permite que las entregas de energía a través de redes se acojan al régimen de la Unión hasta el 30 de junio de 2028, tras lo cual serán incluidas formalmente en este régimen especial.
