El Congreso de los Diputados discutirá y votará este jueves, 18 de junio, un decreto ley crucial que aborda la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas previstas para 2026. El monto de estas entregas alcanzará los 157.731 millones de euros, además de permitir a los ayuntamientos destinar parte de su superávit a proyectos de vivienda. El decreto, activo desde el pasado 3 de junio tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), enfrenta ahora el proceso de convalidación o derogación por parte del Congreso, una etapa obligatoria que debe cumplirse en un plazo de treinta días.
Las entregas a cuenta constituyen un sistema que garantiza a las comunidades autónomas, salvo los regímenes forales del País Vasco y Navarra, recibir por adelantado una porción de los fondos que les corresponden. Estos fondos proceden del sistema de financiación autonómica, incluidas la tarifa autonómica del IRPF, el porcentaje cedido del IVA y otros impuestos.
El Gobierno ha enfatizado la importancia de los Presupuestos como instrumento necesario para dotar a las autonomías y entidades locales de recursos adecuados, aludiendo a la necesidad de actualizar las entregas a cuenta para evitar resultados financieros indeseados
Ante la prórroga de los Presupuestos desde 2023, el Ejecutivo destaca la urgencia de alinearse con las cifras actualizadas para evitar desequilibrios financieros. Además, el decreto prevé que las entidades locales con superávit presupuestario en 2025 utilicen esos fondos para inversiones sostenibles desde el punto de vista financiero. El ministro de Hacienda, Arcadi España, señaló que sumando la previsión de liquidación de 2024, la financiación total para las comunidades autónomas en 2026 podría llegar a los 170.300 millones de euros, un aumento del 7,7% respecto al año anterior.
El decreto también abarca entregas a cuenta para entidades locales, que subirán a 29.247 millones, lo que representa un incremento del 8,8% respecto al ejercicio anterior. En virtud de esta medida, los ayuntamientos podrán canalizar parte de sus recursos de 2025 hacia inversiones en áreas como alcantarillado, energía, comercio, protección civil e infraestructuras, sin que ello afecte a la regla de gasto. Hacienda ha señalado que las medidas propuestas podrían beneficiar a más de 2.540 entidades locales, con un impacto económico estimado en 3.000 millones de euros. Además, se establece un régimen excepcional que permitiría a los ayuntamientos utilizar su remanente en políticas de vivienda a lo largo de los cuatro años siguientes.
