El real decreto-ley diseñado para abordar las repercusiones económicas del conflicto en Oriente Medio se pondrá en marcha este miércoles, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma, publicada el martes, establece medidas para mitigar el impacto del aumento de precios de los productos energéticos, destacando una reducción del impuesto sobre hidrocarburos para el gasóleo y las gasolinas sin plomo.
En concreto, la rebaja contempla 15 céntimos de euro por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. No obstante, la reducción del IVA al 10% para los carburantes, parte de un anterior paquete anticrisis, ha dejado de aplicarse en respuesta a las recomendaciones de Bruselas.
Si el índice de precios al consumo (IPC) de la gasolina o el gasóleo en junio de 2026 superase en un 15% al del mismo mes del año anterior, la bajada del impuesto será de 20 céntimos por litro en agosto y de 15 en septiembre
El decreto mantiene, sin embargo, el descuento de 20 céntimos por litro para los profesionales de los sectores del transporte y la agricultura, junto con un adicional de 165 millones de euros destinados a la compra de fertilizantes, sumados a los 500 millones previamente disponibles.
Otro aspecto relevante es el ajuste del IVA del gas y la electricidad, que subió del 10% al 21% a partir del 1 de junio, junto con el impuesto sobre la electricidad, que pasó del 0,5% al 5,1% debido a la evolución de los precios. Sin embargo, un mecanismo de salvaguarda permitirá restablecer temporalmente medidas anteriores en agosto y septiembre de 2026, si los precios de estos productos experimentan un aumento desfavorable.
En cuanto al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, se establecen rebajas para el tercer y cuarto trimestre de 2026, con una reducción de su tipo de gravamen al 3,5% en 2027, y su eliminación total a partir de 2028.
Las empresas beneficiarias de ayudas directas deberán cumplir diversas condiciones. No podrán despedir a sus empleados, cesar actividades, ni modificar la estructura de trabajo hasta el 30 de septiembre de 2026, basándose en argumentos de fuerza mayor o motivos económicos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisará los márgenes de las estaciones de servicio, publicando una lista con aquellas que presenten conductas anómalas. Asimismo, se habilitará un canal para que los consumidores puedan presentar reclamaciones ante prácticas inusuales.
Por último, las estaciones de servicio y otros puntos de venta minorista de carburantes deberán informar adecuadamente sobre las medidas fiscales temporales en materia energética, según la disposición adicional segunda del decreto.
