La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), dependiente del Ministerio de Yolanda Díaz, ha formalizado un contrato por 37.585 euros para implementar un servicio de apoyo emocional y psicológico a su personal tras un aumento en los actos violentos contra ellos. La empresa catalana Emocional Technologies 22 ha sido seleccionada para llevar a cabo el 'Programa de Acompañamiento Emocional del Empleado (PAE)', tras recibir cinco propuestas económicas durante la licitación.
Cristina Fernández, directora del organismo, firmó la resolución basándose en la urgente necesidad de abordar los riesgos psicosociales asociados con las funciones inspectores y administrativas que desempeña el personal. El contrato cubre servicios de asistencia psicológica profesional, que incluyen atención y orientación especializada sobre salud mental, así como respuestas rápidas ante conflictos o agresiones para minimizar daños psicológicos posteriores.
El aumento en la conflictividad laboral ha llevado al organismo estatal a desplegar medidas para proteger a sus empleados en su entorno de trabajo
Durante 2024, la Inspección experimentó un incremento del 57% en incidentes de violencia externa, con un total de 33 casos registrados. Esta situación se considera un riesgo "no controlado" y ha motivado la implementación de medidas correctoras. La evaluación de riesgos psicosociales, aprobada en junio de ese mismo año, subrayó la necesidad de salvaguardar al personal.
El presupuesto inicial de licitación fue de hasta 42.000 euros, resolviéndose finalmente en casi 37.600 euros. El procedimiento exigía estándares rigurosos para mejorar la asistencia psicológica, incluyendo un chat de apoyo interactivo durante los sábados y una reducción en los tiempos de asignación de videoconsultas psicológicas. Además, se priorizaban ofertas con garantía de cita en menos de 24 horas y experiencia del psicólogo asignado.
El programa cumple con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y sigue el Protocolo de actuación frente a la violencia en la Administración General del Estado. También se alinea con el Convenio 190 de la OIT, vigente en España desde mayo de 2023, que requiere mecanismos de protección y apoyo psicológico en el lugar de trabajo.
El contrato inicial tiene una duración de 12 meses, con posibilidad de prorrogarse hasta otros 12 meses, lo que podría situar su valor máximo inicial en 84.000 euros en la fase de licitación, sujeto al acuerdo de ambas partes y a las necesidades del organismo estatal.
