La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su asesora Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés. El fiscal considera que, si finalmente se celebra juicio, no ha habido delito alguno por parte de los acusados. Este pedido de absolución fue realizado en un escrito de conclusiones remitido al juez Juan Carlos Peinado, afirmando que los hechos narrados no constituyen infracciones penales.
Desde el inicio del caso Begoña Gómez, el Ministerio Público ha insistido en archivar la causa y anunció su intención de abogar por la absolución de los implicados. El juez Peinado había acordado en junio abrir un juicio oral con jurado popular, aunque la formalización aún está pendiente debido a recursos que la Audiencia Provincial de Madrid debe considerar. Además, se les retiró el pasaporte a Gómez y Álvarez, se les prohibió salir del país y se les exigió firmar quincenalmente en sede judicial mientras dure el proceso.
El juez atribuyó presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos a Gómez y su asesora, mientras que a Barrabés se le imputaron los dos primeros delitos, sin aplicar medidas cautelares. Las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, han solicitado penas de 24 años de prisión para Gómez, 22 para Álvarez y seis para Barrabés.
La Fiscalía sostiene que Begoña Gómez no ejerció influencia alguna sobre entidades públicas ni tuvo relación con contratos adjudicados al grupo de Barrabés
En su defensa, la Fiscalía argumenta que Gómez no tiene vínculo con la entidad Red.es ni con las que adjudicaron contratos al grupo de Barrabés. Además, no se ha encontrado evidencia de contactos o influencias ejercidas a favor del empresario. Respecto a la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) codirigida por Gómez, el fiscal aclara que no se requiere una titulación específica para su dirección, y Gómez no recibió remuneración alguna por su participación.
Asimismo, el Ministerio Público descarta que ni Gómez ni los otros involucrados recibieran beneficios por su actividad relacionada con la Cátedra de Transformación Social Competitiva. No se han hallado pruebas de que se beneficiaran económicamente del software universitario supuestamente apropiado. En cuanto a la asesora, se afirma que esta ha cumplido su labor conforme a la normativa vigente desde su nombramiento en 2018.
