El Partido Popular (PP) ha modificado su propia enmienda en el Senado, durante el Pleno de aprobación de una reforma legal que afecta a los mutualistas jubilados. El cambio excluye a estos últimos de la posibilidad de transferir sus derechos económicos acumulados en mutualidades alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Originalmente, en el Congreso, el PP había logrado una enmienda que ampliaba los beneficiarios de esta medida, incluyendo a los mutualistas pasivos. No obstante, al llegar el texto al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, decidieron introducir una enmienda que excluye precisamente a los mutualistas ya jubilados. Así, la normativa aprobada establece que esta pasarela será exclusiva para quienes no sean pensionistas de ningún régimen público ni de la mutualidad alternativa, excepto quienes reciben una pensión de viudedad.
La ley busca principalmente mejorar la situación de numerosos profesionales que, al estar suscritos a un régimen de mutualidad alternativa, enfrentan pensiones muy bajas
La propuesta incluye una pasarela que permite transferir los años cotizados de una mutualidad al régimen de autónomos para incrementar la pensión. Tras la aprobación en el Senado, el texto regresa al Congreso para una última revisión antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Durante la tramitación, también se ajustaron los coeficientes aplicables en la transferencia al RETA, fijándose una mejora entre el 0,67 y el 0,87 sobre la base mínima de cotización del régimen de autónomos.
Estos coeficientes no afectarán a los profesionales que tengan 52 años o más a finales de 2026, quienes podrán optar por la fórmula del 1x1, donde cada mes cotizado cuenta completo en el RETA. Esta opción también estará disponible para quienes comenzaron su actividad antes del 10 de noviembre de 1995. Además, el texto establece que el Gobierno deberá desarrollar en tres meses el reglamento que concretará aspectos pendientes de la ley, como la posible aplicación del IPC en las transferencias de aportaciones económicas.
Finalmente, el Congreso deberá decidir si aprobar o rechazar los cambios propuestos en el Senado antes de dar el visto bueno definitivo a la ley y su publicación en el BOE.
