Junts ha solicitado al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) un dictamen sobre la adecuación a la Constitución y al Estatut de la proposición de ley que busca modificar la normativa de urbanismo para limitar las compras especulativas de vivienda. Esta iniciativa, promovida por los Comuns en colaboración con el Govern, debía debatirse en el Parlament, pero su discusión se pospondrá debido al recurso presentado por Junts, al que se ha sumado también el PP.
El proceso legislativo queda paralizado hasta que el CGE emita su dictamen, que no es vinculante y puede tardar hasta un mes. Esto implica que el debate no se retomará hasta el próximo periodo de sesiones, a finales de septiembre o en octubre.
Junts considera que la proposición vulnera derechos constitucionales como la propiedad y los principios de la libertad de empresa y seguridad jurídica
La formación política argumenta que la propuesta de los Comuns infringe el derecho a la propiedad tal como establece la Constitución y vulnera principios del Estatut y la Carta Magna sobre la libertad de empresa y circulación de personas y bienes. Además, Junts subraya que la Generalitat no puede regular el derecho civil mediante la legislación urbanística y considera inadecuado que se tramite la norma por el procedimiento de lectura única en el Parlament.
La iniciativa legislativa pretende restringir la compra de inmuebles en zonas de mercado residencial tensionado para evitar su reventa a corto plazo o su destinación a alquileres turísticos, promoviendo su uso como residencia habitual o alquileres a precios controlados. La aplicación de esta normativa quedaría en manos de los ayuntamientos.
Aunque el Govern y los Comuns habían acordado que la norma entraría en vigor antes de agosto, el recurso presentado ha retrasado su votación final. El PSC-Units, ERC y los Comuns aún no han llegado a un acuerdo definitivo sobre las enmiendas propuestas.
