Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León se preparan para manifestarse este jueves frente a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, en Valladolid. Su objetivo es exigir ayudas directas por un mínimo de 150 millones de euros de fondos propios para mitigar lo que describen como "la peor crisis en la historia del campo y la agricultura". La convocatoria espera congregar tanto a agricultores como a la sociedad en general en defensa de un sector que consideran al borde del colapso.
La reciente cosecha de cereales en Castilla y León ha resultado desastrosa debido a condiciones climáticas adversas, lo que ha provocado pérdidas estimadas en 300 millones de euros para los 60.000 agricultores de la región. Ante esta situación crítica, las organizaciones hacen un llamamiento a la unidad para presionar a la Junta para que implemente medidas directas e inmediatas. Además, piden políticas a largo plazo que solucionen los problemas estructurales del sector.
La cosecha de cereales ha sido calamitosa, con pérdidas millonarias que amenazan la viabilidad del sector agrícola en Castilla y León
Actualmente, el Gobierno central ha destinado un paquete de ayudas que suma 117 millones de euros para afrontar el encarecimiento de los fertilizantes, además de otros 30 a 35 millones para el aumento del precio del gasóleo. Sin embargo, las organizaciones agrarias consideran estas medidas insuficientes y valoran un modelo de ayuda directa, sin excesiva burocracia, que desean ver replicado por la administración autonómica.
Donaciano Dujo, presidente de Asaja de Castilla y León, ha hecho un llamamiento a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, para que cumpla sus promesas de apoyo al campo. Mientras, Jesús Manuel González Palacín, coordinador de UCCL, ha instado a los partidos políticos, como PP y Vox, a que demuestren su compromiso con el sector agrario en el peor momento de su historia.
Aurelio González, secretario general de UPA Castilla y León, ha cuestionado las promesas de ayuda de la Junta, alegando que no cuentan con el respaldo financiero necesario. Por su parte, Lorenzo Rivera, coordinador de COAG en la Comunidad, ha insistido en que la Junta debe actuar al mismo nivel que el Gobierno central, lo que aún consideran que es insuficiente, pero imprescindible.
Las organizaciones agrarias abogan por que se sigan políticas estructurales que mejoren la rentabilidad del sector, para que los agricultores no dependan constantemente de ayudas. Proponen reformar los seguros agrarios, mejorar la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria y establecer leyes que frenen la especulación de costes de producción. Además, urgen a una revisión de los acuerdos comerciales que priorice la producción comunitaria sobre las importaciones, aduciendo la necesidad de controles estrictos y equivalentes para garantizar la seguridad alimentaria. Las organizaciones exigen finalmente una acción política valiente para abordar los desafíos sustanciales que enfrenta el sector. "El momento es crítico", concluyen.
