El Gobierno chileno ha decidido cancelar la adjudicación provisional de los contratos para los Corredores de Transporte Público Ruta 160 y Ruta 150, así como la autopista Concepción-Talcahuano, inicialmente otorgados al grupo sevillano Azvi. Estos proyectos, cuyo valor supera los 400 millones de dólares (343 millones de euros), fueron revertidos por supuestas razones presupuestarias, tal como anunció el presidente José Antonio Kast a las autoridades de la región de Biobío. La concesión otorgada a Azvi contemplaba una explotación de 20 años y preveía inversiones a través de un pago por disponibilidad, con la aprobación de los organismos técnicos correspondientemente.
El rechazo de la propuesta de Azvi para reducir los costos de construcción en un 20% sin modificar los plazos comprometidos, ha derivado en la ejecución de las autopistas con cargo a los presupuestos nacionales. Este cambio en el proyecto ha generado incertidumbre entre varias empresas españolas del sector de infraestructuras que operan en Chile, como Sacyr, OHLA, Abertis o el Grupo San José. Según el diario Expansión, las empresas temen que esta decisión esté influida por el origen de las iniciativas, impulsadas durante el anterior Gobierno socialista de Gabriel Boric.
El giro del Gobierno chileno podría implicar retrasos de hasta cuatro años y un mayor riesgo financiero para el erario público en un contexto de control del déficit fiscal
El Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada advirtió el pasado 19 de agosto que las implicaciones reputacionales de este cambio podrían perjudicar la atracción de inversiones futuras en Chile. En su informe, el Instituto destacó que la suspensión de proyectos por valor de 400 millones de dólares no es el único problema, sino el precedente que crea. Actualmente, existen más de veinte iniciativas adjudicadas por un valor superior a 10.000 millones de dólares (8.574 millones de euros) que aún no han comenzado, además de una cartera de procesos licitatorios para 2026-2027 que asciende a 8.016 millones (6.873 millones de euros).
Utilizando los indicadores de empleo del Ministerio de Obras Públicas, la cartera paralizada representa aproximadamente 95.000 empleos en espera. Con un multiplicador estimado de 1,5 por la Cámara Chilena de la Construcción, se calcula que se han congelado alrededor de 12.000 millones de dólares (10.288 millones de euros) en actividad económica. Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto, resumió la situación diciendo que “Chile tiene por delante una brecha de infraestructuras de 250.000 millones de dólares [214.343 millones de euros] que no podrá cerrar sin capital privado, y el capital privado tiene aversión al riesgo irracional.”.
