La próxima semana, el Congreso se prepara para votar una proposición de ley que podría permitir la concesión de la nacionalidad española a saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental estaba bajo administración española. Esta medida, que podría beneficiar a unas 80.000 personas, se debate en un contexto de tensión con Marruecos, tras la reciente llegada masiva de más de 70.000 migrantes a Ceuta.
El proyecto de ley, que inicialmente fue rechazado por el PSOE, ha avanzado gracias a un acuerdo entre los socialistas y Sumar, que logró el respaldo de varios aliados en la Comisión de Justicia. Mientras Vox ha cuestionado el procedimiento, el PP y Junts han optado por abstenerse. La votación final coincide con un periodo delicado en las relaciones con Marruecos, país que reclama la soberanía del Sáhara Occidental y que, según algunos partidos, podría haber favorecido la oleada migratoria tras la publicación de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional.
El texto legal, clave en las relaciones hispano-marroquíes, busca corregir lo que sus promotores consideran un abandono del pueblo saharaui por parte de España
Enrique Santiago, portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia, ha expresado su deseo de que la crisis en Ceuta no afecte el compromiso de los partidos que ya han respaldado el proyecto. Santiago ha recordado que Marruecos considera la propuesta de ley como una ofensa, aunque ha subrayado que busca resolver una deuda histórica con la población saharaui. La ley podría tensar aún más las relaciones, dado que el territorio es reivindicado por Rabat.
La ley plantea la concesión de nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, aunque no residan en España. Podrán acreditar su condición con documentos como un DNI español, un recibo del censo del referéndum del Sáhara Occidental, certificados de nacimiento o documentos expedidos por la administración española en el territorio. También podrán considerar otros documentos como certificados de escolarización y pensiones. Además, los descendientes de primer grado tendrán un periodo de cinco años para optar a la nacionalidad.
El texto también modifica el Código Civil para incluir a los saharauis entre los grupos que pueden obtener la nacionalidad tras dos años de residencia legal en España, equiparándolos a ciudadanos iberoamericanos, andorranos, filipinos, ecuatoguineanos, portugueses y sefardíes. Las solicitudes serán gratuitas durante tres años tras la entrada en vigor de la ley, con posibilidad de ampliación. Justicia dispondrá de un año para resolver los expedientes, convocando informes de Interior y Justicia.
A pesar de la abstención del PP en la Comisión, el partido mantiene vivas ocho enmiendas relativas a cuestiones sobre las garantías de nacionalización. Junts, por su parte, critica el apresuramiento del PSOE en reactivar la propuesta, latente durante un año y medio. Vox teme que la norma incite a más saharauis a migrar a España, acusando al Gobierno de dispensar nacionalizaciones con ligereza en un momento crítico.
