El Partido Popular (PP) se propone llevar al próximo pleno del Senado un conflicto de atribuciones debido a la ausencia de miembros del Gobierno en la Cámara Alta para abordar la crisis migratoria en Ceuta. Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha destacado la falta de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. La portavoz ha afirmado que estos ministros optaron por dar explicaciones en la Cámara que les resulta más conveniente, dejando vacíos sus asientos en el Senado.
García ha declarado que es inaceptable la "incomparecencia" de estos ministros, lo que considera una "auténtica vergüenza" que evidencia "la soberbia de Pedro Sánchez". En este sentido, ha hecho referencia al artículo 110.1 de la Constitución, que permite a ambas Cámaras exigir la presencia de los miembros del Gobierno, y al artículo 66.2 del Reglamento del Senado, que establece la obligación de estos de comparecer. "No es una invitación. No es una cortesía institucional. Es una obligación constitucional y parlamentaria", ha enfatizado.
Una comparecencia posterior ante el Congreso no subsana la regularmente reclamada por el Senado
Además de este recurso jurídico, el PP llevará adelante una ofensiva política para "defender los derechos de los senadores". En el próximo pleno, el partido planea reprobar no solo a los tres ministros ausentes, sino también a las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Sanidad, Mónica García. Este paso se justifica, según el PP, por la "pésima respuesta del Gobierno ante el asalto masivo a la frontera de Ceuta" que comprometió la integridad territorial de España a finales de julio de 2026.
La formación política denuncia la "negligencia" de los ministros implicados en la prevención del asalto y su "pasividad" en la implementación de medidas efectivas frente a la crisis en Ceuta, que aún persiste más de un mes después de su comienzo. Asimismo, critica la "falta de explicaciones veraces" sobre las causas y los responsables de la situación. Esta reprobación es vista como una medida necesaria para subrayar la responsabilidad gubernamental en la gestión del incidente.
