El Tribunal Supremo celebrará este lunes una vista oral y pública para evaluar las medidas cautelares solicitadas por diversas organizaciones sobre la suspensión de altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), vinculadas a la denominada "ley de nietos". Esta normativa, parte de la Ley de Memoria Democrática, permite el acceso a la nacionalidad para los descendientes de exiliados, lo que ha provocado controversias por sus supuestos efectos electorales.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha fijado la vista para las 10:00 horas, citando a las partes involucradas, entre ellas Iustitia Europa y la Junta Electoral Central (JEC). A las 11:00 horas, se llevará a cabo otra vista para abordar las medidas cautelares solicitadas por Vox, según informaron fuentes jurídicas.
Iustitia Europa había presentado un recurso contra una resolución de la JEC que rechazó la suspensión cautelar del procedimiento del CERA, aunque ordenó a la Oficina del Censo Electoral redactar una instrucción sobre la aplicación de la "ley de nietos". En respuesta, el Supremo decidió abrir una pieza separada de medidas cautelares y pidió a la JEC que remitiera el expediente administrativo correspondiente.
El Tribunal Supremo examinará la posible suspensión de las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes vinculadas a la "ley de nietos"
La JEC, en su resolución, subrayó que la elección del municipio electoral para cada beneficiario de la "ley de nietos" debe estar "suficientemente motivada" si no coincide con su último domicilio en España. Asimismo, la JEC afirmó que la administración electoral no debe sustituir el criterio del legislador sobre este derecho electoral.
Por su parte, Iustitia Europa ha criticado la falta de transparencia en la publicación de cifras exactas de altas al CERA derivadas de esta ley y su distribución provincial, entre otros aspectos. La organización demandó más información pública sobre estos procedimientos.
Vox, en tanto, presentó un recurso solicitando que el Supremo garantice instrucciones para proteger "la identidad del votante, la trazabilidad del voto, y la seguridad e integridad en su custodia", equiparándolo a los procesos para residentes en España. El partido sostiene que la resolución de la JEC abala la supuesta violación del derecho de sufragio y cuestiona la eficacia del organismo para actuar frente a estas situaciones.
