El Gobierno de Bolivia ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para implementar un programa económico de 36 meses. Este pacto, respaldado por el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), busca eliminar completamente el déficit primario del sector público no financiero. Según el memorando de políticas económicas y financieras difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la medida implicará un ajuste fiscal acumulado de aproximadamente el 8,5% del PIB entre 2026 y 2029.
El documento señala que el presidente Rodrigo Paz ha recibido una economía con vulnerabilidades sistémicas, incluyendo un desfase presupuestario del 11% y una deuda pública que superó el 80% en 2025. Ante la disminución de las reservas internacionales y la diferencia cambiaria, se ha decidido que el Banco Central de Bolivia (BCB) no financiará más el gasto público. Asimismo, el BCB ha adoptado un régimen de tipo de cambio flexible tras unificar los tipos de cambio oficial y de referencia.
La estrategia de consolidación se centra principalmente en el control del gasto, con la eliminación total de las subvenciones a los combustibles prevista para 2027, con el objetivo de ajustar los precios para cubrir los costes. A pesar de estos ajustes, el Ejecutivo boliviano ha planeado reforzar la asistencia social y ha propuesto a la Asamblea Legislativa Plurinacional la creación de un registro social unificado.
La reducción de la masa salarial del sector público se establece en más del 1% del PIB durante el periodo del plan
Las autoridades han elegido la base monetaria como "ancla nominal" para controlar la inflación, con el propósito de reducirla del 14% previsto para finales de 2026 a tasas de un solo dígito en 2028. Además, el memorando menciona la introducción de pruebas de estrés bancarias y evaluaciones independientes de la calidad de los activos bajo supervisión. Cabe destacar que el uso de los recursos proporcionados por el FMI deberá contar con la aprobación del poder legislativo.
