El decreto ley que establece un registro público y obligatorio de grupos de interés, comúnmente conocidos como 'lobbies', será sometido a debate y votación por el Pleno del Congreso el próximo martes. Este decreto, aprobado por el Consejo de Ministros a finales de agosto, surge tras el estancamiento del proyecto de ley de 'lobbies' iniciado en febrero de 2025, que no logró el consenso necesario entre los grupos parlamentarios.
La normativa impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública busca crear un registro estatal, gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El decreto también aborda las relaciones entre los grupos de interés y el personal público en la Administración del Estado, aclarando qué se considera un 'lobby', cuáles son las actividades de influencia y quiénes pueden ser influenciados.
El decreto ley establece un registro estatal de grupos de interés para garantizar la transparencia y la integridad en sus relaciones con la Administración
El texto considera 'lobbies' a las personas físicas, jurídicas y agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas plataformas y foros, que realizan actividades de influencia sobre funcionarios o cargos públicos para incidir en la toma de decisiones o en el diseño de políticas públicas. Esta normativa también especifica que el personal susceptible de influencia incluye tanto a altos cargos como a personal de confianza y asesores.
El nuevo registro, obligatorio y de carácter público, será accesible a través del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. Contendrá información detallada sobre las actividades de influencia, incluyendo a quienes hayan ocupado cargos públicos en los últimos cinco años. Este sistema también podrá vincularse con registros de comunidades autónomas, entidades locales y la Unión Europea.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será el órgano encargado de gestionar el régimen sancionador, que tipifica las infracciones en muy graves, graves y leves, imponiendo las sanciones correspondientes. Además, el personal público deberá hacer públicas sus reuniones y contactos con 'lobbies' inscritos, y todas las actividades de influencia serán documentadas en informes de huella normativa.
