El decreto ley que destina 309 millones de euros en medidas urgentes de carácter social y económico para apoyar a Ceuta, tras la reciente entrada masiva de inmigrantes, será debatido este miércoles en el Congreso para decidir su convalidación o derogación. Desde su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 2 de septiembre, el decreto ha estado en vigor, pero la Constitución exige que se someta a la consideración del Congreso en un plazo máximo de 30 días. El futuro del plan diseñado para reactivar la economía de Ceuta está ahora en manos de la Cámara Baja.
Este ambicioso plan incluye 309 millones de euros, más 50 millones en avales, destinados a apoyos en servicios esenciales, seguridad, acogida de menores, atención humanitaria, empresas y trabajadores. La partida para acogida de menores y ayuda humanitaria es la más significativa, con 118 millones de euros, seguida de un refuerzo en seguridad de 90 millones y 80 millones para ayudas directas a empresas y trabajadores. Además, los servicios esenciales recibirán 21 millones de euros.
El ambicioso plan del Gobierno busca impulsar la economía ceutí con un paquete de 309 millones de euros en medidas urgentes
Parte del paquete económico prevé un fondo de ayudas directas de 36,6 millones de euros, administrado por la Agencia Tributaria, para beneficiar a 2.500 autónomos y 1.500 empresas en Ceuta. Los autónomos podrán recibir 5.000 euros, mientras que las empresas podrían acceder a ayudas que van desde los 1.000 hasta los 150.000 euros, dependiendo de su facturación. Estas ayudas podrán solicitarse desde el 14 de septiembre a través de la web de la Agencia Tributaria, con los pagos programados para comenzar a principios de octubre.
En apoyo al pequeño comercio y el sector turístico, se destinarán 14 millones de euros adicionales, canalizados a través de la Cámara de Comercio. Las medidas incluyen bonos al consumo y descuentos en transporte, además de un millón de euros para el Plan Ceuta Exporta y otro millón para una campaña de promoción internacional de Ceuta como destino turístico. Asimismo, se habilitará una línea de avales del ICO de hasta 50 millones de euros para facilitar crédito al tejido empresarial.
En el sector laboral, el decreto plantea una exención total en las cuotas a la Seguridad Social para las empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de diciembre de este año, así como prestaciones extraordinarias para autónomos cuyo cese de actividad derive de la situación en Ceuta. Además, se establece un incremento del 50% al 75% en bonificaciones para determinados trabajadores en Ceuta y Melilla, beneficiando a nuevos sectores como el de la construcción, con un impacto presupuestario de 36,6 millones de euros anuales para cada ciudad autónoma.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) apoyará esta iniciativa con 650.000 euros destinados a programas de formación en Ceuta, priorizando a trabajadores ocupados. En el ámbito fiscal, se incrementarán las bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades del 50% al 60% para entidades residentes, extendiendo también mejoras a Melilla. El apoyo al puerto de Ceuta estará valorado en 4,25 millones de euros anuales durante los próximos cinco años.
Además, la atención sanitaria en la región se verá reforzada con 100 nuevos profesionales, y se incrementará la seguridad en los centros educativos con 3,2 millones de euros. También se invertirán 4,5 millones para mejorar el sistema de justicia en Ceuta. En materia de seguridad, los 90 millones de euros previstos incluyen incentivos para la Policía Nacional, Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, así como un refuerzo del Ministerio de Defensa.
