El grupo político Sumar presentará este martes, 15 de septiembre, en el Pleno del Congreso una proposición de ley que busca prohibir a empresas y fondos de inversión la compra de viviendas, reservando este derecho exclusivamente a personas físicas. Esta iniciativa, que ya fue planteada anteriormente pero rechazada por la mayoría del PP, Vox y Junts, y abstención del PSOE, es una apuesta renovada del portavoz adjunto del grupo, Alberto Ibáñez, en un intento por obtener el respaldo suficiente.
En un movimiento previo, el presidente estadounidense, Donald Trump, había defendido una propuesta similar, lo que recibió elogios de Vox en su momento. Sin embargo, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha aclarado recientemente que las propuestas de Sumar y Trump son distintas y ha dejado en claro que su partido no apoyará la iniciativa del grupo plurinacional.
La propuesta de Sumar busca desvincular el mercado residencial de la lógica mercantil para frenar la escalada de precios de venta y alquiler
La propuesta requiere una modificación del artículo 10 de la Ley de Vivienda de 2023, prohibiendo que las empresas adquieran propiedades residenciales, ya sea mediante compra o donación. Esta prohibición afectaría tanto a viviendas ya utilizadas como a nuevas construcciones una vez finalizada la obra. Sumar defiende que las personas jurídicas suelen ver las propiedades como inversiones especulativas, en lugar de ejercer el derecho constitucional a una vivienda.
No obstante, el proyecto de ley permite algunas excepciones. Las organizaciones sin ánimo de lucro, como asociaciones, entidades religiosas y ONG, podrán seguir adquiriendo inmuebles si los destinan a fines sociales. Estos fines incluyen la creación de sedes, atención sociosanitaria, apoyo a víctimas de violencia de género, alojamiento de personas vulnerables o el desarrollo de actividades educativas y cívicas.
Además, se incluye una disposición transitoria que deja claro que la restricción no afectará a las compras realizadas y elevadas a escritura pública ante notario antes de la entrada en vigor de la ley, aunque no se hayan registrado aún formalmente.
