La Audiencia Nacional ha condenado a tres empresarios y a un ingeniero en el marco del 'caso Efial' tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Este juicio aborda la presunta contratación ilícita de servicios por parte de una consultora y varios ayuntamientos catalanes, eludiendo los controles de los funcionarios municipales y alterando los procedimientos de licitación.
El presidente del tribunal inició el juicio este lunes acordando uno previo separado para algunos de los acusados, debido a su conformidad con la Fiscalía. Josep Manel Bassols recibió una condena de nueve meses de prisión y una multa de 1.200 euros por cohecho. Conrad Solé, exgerente de Idetsa, fue sentenciado a ocho meses de prisión por prevaricación administrativa y fraude. Oriol Mestre admitió un delito de blanqueo de capitales y fue condenado a dos meses de prisión, reemplazado por una multa de 720 euros, y otra sanción de 344.775 euros a ser sustituida por trabajos comunitarios. Jaume Beltrán, ingeniero municipal de L'Ametlla de Mar, pactó una condena de 18 meses y una multa de 2.400 euros por cohecho, fraude y prevaricación administrativa.
El tribunal ha iniciado las cuestiones previas del juicio principal, donde varios exalcaldes de municipios de Tarragona enfrentan cargos por prevaricación administrativa y malversación de fondos púbicos, relacionados con un supuesto fraude de más de 8 millones de euros. Entre los acusados destacan Antonio Martos, fundador de la consultora, y los exalcaldes Andreu Martí, Daniel Masagué, Josep Jaume Castellnou y Rafael Vidal.
El caso Efial revela un complejo entramado donde la consultora presuntamente eludía el control administrativo para favorecer sus propios intereses en la adjudicación de contratos municipales
La investigación del Juzgado Central de Instrucción Número 4 concluyó que Efial proporcionaba a varios municipios servicios que burlaban los informes de los órganos fiscalizadores, lo que permitía la firma ilícita de contratos. Los informes vinculados a Efial ofrecían una falsa legalidad a decisiones contrarias a la ley, según detalló el instructor del caso.
La consultora implementó una estructura que algunos describieron como un ayuntamiento paralelo, lo que implicaba violar las normativas administrativas a través del uso de la figura de la Entidad Pública Empresarial (EPE). Esta estrategia permitía a Efial beneficiarse de una reducción del control administrativo en sus contrataciones.
El uso de las EPEs facilitaba a Efial adjudicarse contratos de manera presuntamente irregular, convirtiéndose así en un elemento central de un sistema de arbitrariedad en la gestión pública que vulneraba la libre competencia. A pesar de las dudas sobre la legalidad de sus actividades, los alcaldes continuaron contratando sus servicios.
