El Ejecutivo debate hoy en el Consejo de Ministros si retomar, ante las consecuencias de la Guerra de Ucrania, una de las medidas que se pusieron en marcha durante la pandemia: limitar los despidos
Este martes se debate en el Consejo de Ministros la propuesta del Gobierno de Sánchez del 'Plan de Respuesta' a las consecuencias económicas y sociales –como la escalada de los precios de consumo, particularmente, los ligados a la energía– que la guerra de Ucrania está dejando en nuestro país. Fue el propio Sánchez quien apuntó que a este plan se destinarían 16.000 millones de euros, y en él se incluye la bonificación de (mínimo) 20 céntimos por litro de combustible a todos los ciudadanos.
Sin embargo, la medida que más ha llamado la atención de este plan, que estará vigente, de aprobarse, hasta el próximo 30 de junio, es la "prohibición" de los despidos procedentes. "No es el momento de despedir", decía el pasado jueves, al presentar la iniciativa, la vicepresidenta segunda y titular de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz.
De hecho, Díaz argumentaba que "esto fue lo que nos ha dado resultado en la crisis anterior", haciendo referencia a que, durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19, se puso en marcha durante un periodo de tiempo la misma medida para evitar que millones de personas que no podían desempeñar su actividad habitual perdieran su puesto de trabajo.
Para Yolanda Díaz no es el momento tampoco de "bajar los salarios", sobre todo teniendo en cuenta que, en 2021, las empresas cotizadas obtuvieron "beneficios récord". Sin embargo, en declaraciones recogidas por Europa Press, Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), rechazaba esta iniciativa. "Aunque la música suena bien, hay que ver la letra", sentenciaba, haciendo referencia al plan del Ejecutivo para paliar los efectos de la guerra.
Para el presidente de ATA, la medida de prohibir el despido procedente se ha elaborado "sin consenso" y, sobre todo, va "en contra de la libertad de la empresa". Asimismo, ha hecho referencia a los 10.000 millones de euros en créditos ICO que el Gobierno pretende poner a disposición de las empresas para amortiguar la crisis, y ha pedido al Gobierno que ofrezca, además, una moratoria en la devolución de dichos créditos.
Además, ha propuesto la apertura de una nueva línea que ayude a los sectores que, en estos momentos, se están viendo más castigados, como la industria, el campo o los transportes. Ha pedido, por otro lado, una ayuda extraordinaria a los autónomos que hayan cesado su actividad o que esta haya caído un 50%.
Las claves de la propuesta
- Acotar los despidos
Aunque se ha hecho referencia a que se "prohibirán" los despidos procedentes, lo cierto es que, al igual que se hizo durante la pandemia, las empresas podrán seguir prescindiendo de los trabajadores en caso de que sea necesario. Sin embargo, si el despido se produce por causas económicas, el trabajador puede no aceptarlo, en cuyo caso debe ser un tribunal el que decida si se declara nulo –con la consiguiente reincorporación del trabajador a la empresa– o si se considera improcedente.
- Mayor indemnización para el trabajador
Lo que realmente supone un cambio en esta iniciativa –más allá de poder o no despedir– es que a la empresa le costará más hacerlo. Y es que, según la actual legislación, cuando un despido es procedente el trabajador percibe 20 días por año trabajado. Sin embargo, si el despido se considera improcedente, el empleado debe ser indemnizado con 33 días por año trabajado. En el caso de que el trabajador estuviera en esa misma empresa antes de febrero de 2012, cuando se aprobó la última reforma laboral, estos días aumentarían a 45 por año trabajado.
Una puerta abierta a ampliar la Reforma Laboral
Si bien se espera que esta iniciativa esté acotada en el tiempo, lo cierto es que Unidas Podemos pedía, apenas 24 horas antes de que se debatiera en el Consejo de Ministros, una ampliación de la Reforma Laboral aprobada en diciembre de 2021 que pusiera fin a las "medidas más duras" de la impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012. En esto entraría la propuesta de volver a los 45 días por año trabajado en caso de despido improcedente, así como la simplificación de las causas económicas que permiten aprobar un despido procedente.
