El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su condena hacia la nueva legislación aprobada por el Parlamento de Israel, que contempla la pena de muerte por ahorcamiento y de forma secreta por delitos de terrorismo, limitándose exclusivamente a los palestinos. Esta medida ha suscitado críticas por su carácter discriminatorio, ya que exime a los ciudadanos israelíes de esta disposición.
Sánchez calificó la medida como asimétrica y destacó que no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos. En un mensaje divulgado por la red social 'X', el presidente denunció que mismo crimen, distinta pena. Además, afirmó que la ley forma parte de un impulso hacia el apartheid, en referencia a la segregación racial histórica en Sudáfrica, y pidió que la comunidad internacional no permanezca en silencio.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también expresó su rechazo hacia esta legislación, señalando que menoscaba el derecho internacional. Durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Saiz subrayó la posición de España en condena firme ante estas decisiones radicales.
Preocupación internacional y derechos humanos
El Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares, rechazó tajantemente la ley, considerándola discriminatoria contra la población palestina. En un comunicado, Exteriores destacó la gravedad de consagrar la desigualdad jurídica en asuntos que afectan el derecho fundamental a la vida y criticó la ampliación de delitos castigados con la pena de muerte y la eliminación de garantías del debido proceso. Asimismo, recalcó que España se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, calificándola de castigo cruel, inhumano y degradante.
Organizaciones de Derechos Humanos han condenado esta reforma legal. El Centro Palestino de Derechos Humanos la calificó de violación clara del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, afirmando que profundiza la política de ejecuciones extrajudiciales. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina advirtió que la ley reafirma la segregación racial exclusiva hacia los palestinos en Cisjordania ocupada e Israel.
