El Tribunal Supremo ha comenzado el juicio al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, acusados de presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia. Ábalos y García, en prisión provisional desde noviembre, fueron trasladados desde Soto del Real, mientras que Aldama, en libertad, llegó al tribunal acompañado de su abogado.
El juicio, que se extenderá durante trece días a lo largo de cuatro semanas, contará con la declaración de los acusados al final, prevista para el 28 de abril. En la primera jornada, se espera la comparecencia de varios testigos, entre ellos familiares y socios de los acusados, así como una expareja de Ábalos.
El Ministerio Público acusa a Ábalos, García y Aldama de haber creado una organización para aprovecharse del cargo ministerial y obtener beneficios económicos mediante contratos con la administración
La Fiscalía Anticorrupción, representada por Alejandro Luzón, sostiene que los acusados se unieron para fomentar la contratación con empresas cuyas propuestas sería impulsadas por Aldama, con el fin de enriquecerse ilícitamente. La acusación resalta que la estructura delictiva se mantuvo activa incluso después de la salida de Ábalos y García del ministerio en 2021.
La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para García y 7 años para Aldama, además de multas millonarias. Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, solicitan penas de hasta 30 años para Ábalos y García.
Según la Fiscalía, cada acusado desempeñó roles específicos en la organización. Ábalos era considerado el jefe por sus coacusados, aportando su influencia como ministro. García, por su parte, funcionaba como el alter ego de Ábalos, gestionando tanto asuntos personales como profesionales. Aldama, debido a su interlocución privilegiada con el exministro, habría facilitado la obtención de contratos durante la pandemia.
El tribunal, que incluye a figuras como el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, escuchará el testimonio de más de 70 testigos hasta el 30 de abril. Entre ellos se encuentran políticos de alto perfil, aunque algunos testificarán por escrito. La resolución de este caso se espera con gran interés por su relevancia y las implicaciones políticas y empresariales que conlleva.
