Muchas de las medidas fiscales impulsadas durante la etapa de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda siguen hoy plenamente vigentes. Lo que en su momento fueron presentadas como reformas técnicas orientadas a mejorar la competitividad y simplificar el sistema tributario, hoy están en el centro de un escándalo judicial sin precedentes que apunta a una presunta trama de “leyes a medida” en favor de grandes empresas, particularmente del sector energético.
Uno de los ejemplos más claros es la bonificación del 85 % en el Impuesto Especial sobre la Electricidad para empresas gasistas. Esta modificación legal, introducida en 2014, fue promovida tras un informe redactado por el despacho Equipo Económico, fundado por Montoro, y del que fue socio antes de su etapa como ministro.
La medida, aún en vigor, ha permitido a empresas del sector dejar de pagar decenas de millones de euros al año. Solo en 2015, según la investigación del caso, las gasísticas se ahorraron cerca de 59 millones en impuestos, una cifra que podría haberse repetido cada ejercicio.
Otra reforma clave fue la reestructuración del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en 2018, que cambió el epígrafe fiscal de varias compañías, reduciendo notablemente su contribución municipal. Esto supuso, según datos judiciales, pérdidas de más de 10 millones de euros para diversos ayuntamientos, principalmente en zonas donde operan infraestructuras energéticas.
Todo ello ha sido objeto de una investigación por parte del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, que ha imputado a Montoro y a 27 personas más -entre ellos ex altos cargos de Hacienda, socios de su antiguo bufete y representantes de las empresas implicadas- por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude.
La acusación central: que compañías beneficiadas contrataron los servicios del despacho Equipo Económico por cuantías que alcanzaron el millón de euros, a cambio de redactar textos legales o enmiendas fiscales que acabaron plasmadas en la legislación vigente, sin el respaldo técnico de los funcionarios del ministerio.
De hecho, varios informes internos revelan que estas reformas fueron impulsadas pese al rechazo explícito de técnicos de Hacienda, que advirtieron sobre el perjuicio para las arcas públicas y la falta de justificación económica.
También se ha documentado cómo algunas enmiendas fueron introducidas en fases muy avanzadas del trámite parlamentario, eludiendo mecanismos de supervisión como el Consejo Económico y Social o el propio Consejo de Ministros. Mientras tanto, muchas de esas disposiciones continúan vigentes, generando beneficios fiscales para grandes compañías, mientras pymes y autónomos mantienen niveles de presión fiscal muy superiores.
Además, algunas sentencias recientes del Tribunal Constitucional han comenzado a desmontar partes de la arquitectura legal heredada del periodo Montoro.
En abril, Hacienda se vio obligada a admitir la rectificación retroactiva del Impuesto de Sociedades tras la anulación de una reforma clave de 2016. La vía judicial podría abrir ahora la puerta a devoluciones millonarias.
Imputado el exministro Montoro por favorecer a empresas gasistas
