La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado para este lunes un paro de 24 horas en plena Campaña de la Renta, dirigido a los trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en todos los centros de España. La medida busca reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de acuerdos previamente firmados.
El sindicato ya había organizado una manifestación el 6 de mayo frente a la Secretaría de Estado de Hacienda. Las acciones continuaron el 13 de mayo y este viernes con paros parciales de una hora y concentraciones frente a las delegaciones de la Agencia Tributaria en todo el país.
El objetivo final del CSIF es culminar las movilizaciones con una huelga general el 8 de junio en todos los centros de trabajo
El paro de 24 horas comenzará a la medianoche del domingo y finalizará a la medianoche del lunes, el 8 de junio, convocando a los aproximadamente 28.000 empleados de la plantilla. Estos trabajadores están distribuidos en oficinas, sedes y delegaciones territoriales y especiales en toda España. El mismo lunes, a las 11.00 horas, CSIF ha organizado concentraciones frente a las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria en todas las comunidades autónomas.
Las movilizaciones responden al "bloqueo" que según el sindicato mantiene la Agencia Tributaria en la negociación de varias cuestiones laborales, como la implantación de una carrera administrativa y profesional, la regulación del teletrabajo y el reconocimiento del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) como una profesión de riesgo. CSIF también ha recordado que, en 2024, se firmó un acuerdo por el que se comprometía a revisar la carrera profesional de sus empleados, que desde 2019 está bloqueada, lo que ha ocasionado pérdidas retributivas.
La central sindical denuncia además la falta de efectivos en la Agencia Tributaria, afirmando que la plantilla actual está al límite. Con unos 28.000 trabajadores, CSIF sostiene que, según estudios de la OCDE, serían necesarios entre 32.000 y 33.000 empleados para operar de manera eficaz en la lucha contra el fraude.
