A menos de dos meses de que entre en vigor la Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia salarial, las empresas en España se preparan para cumplir con un marco legal que exige mayores obligaciones en cuanto a igualdad retributiva. Esta normativa, aplicable desde el 7 de junio de 2026, obliga a las organizaciones a hacer públicos los salarios en las ofertas de trabajo, informar sobre la brecha de género y corregir diferencias salariales injustificadas.
La Unión Europea ha establecido un paso firme hacia la transparencia en los procesos de selección. Desde todas las ofertas de empleo deberá indicarse el salario o una banda salarial concreta, prohibiéndose preguntar a los candidatos sobre su historial salarial previo. Asimismo, los empleados podrán solicitar información sobre su nivel retributivo y los niveles salariales desglosados por género.
Las empresas con más de 250 empleados deberán publicar informes anuales sobre la brecha salarial, mientras que aquellas con una plantilla de entre 100 y 249 trabajadores tendrán la obligación de hacerlo cada tres años. En caso de que estos informes revelen una diferencia salarial del 5 % o más sin justificación objetiva, será obligatorio implementar medidas correctivas.
Las organizaciones deben prepararse para un marco normativo que avanza hacia una mayor transparencia e igualdad en el ámbito laboral de la Unión Europea
A pesar de que la Directiva no establece multas específicas, cada Estado miembro definirá su régimen sancionador y se impone la obligación de indemnizar al trabajador afectado. Además, las empresas tendrán que demostrar que las diferencias salariales están justificadas, invirtiendo así la carga de la prueba.
Desde la empresa Bizneo HR, se advierte del error de confundir las fechas de implementación con las de preparación. Para el primer ciclo de informes en 2028, será crucial que las empresas ya hayan recopilado y segmentado los datos salariales desde dos años antes. Los sistemas de BI como el de Bizneo HR facilitan este proceso al permitir la publicación de ofertas salariales, la detección de brechas retributivas y la generación de informes periódicos exigidos por la normativa.
