En el primer trimestre del año, los ayuntamientos españoles despidieron a 28.400 personas, según ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Esta reducción de personal se produjo justo antes de iniciarse el proceso de regularización masiva de personas migrantes. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) revelan que el número de efectivos en los ayuntamientos descendió a 336.300, desde los 346.300 del trimestre anterior.
El sindicato ha criticado que esta disminución de plantilla es una irresponsabilidad, teniendo en cuenta la carga de trabajo generada por el proceso de regularización. "Comprobamos a diario largas colas de ciudadanos en las puertas de los ayuntamientos de toda España para resolver sus gestiones", ha señalado CSIF. Además, el sindicato sostiene que la regulación masiva de migrantes está evidenciando las limitaciones de una Administración ya sobrecargada, especialmente en áreas como los ayuntamientos, Extranjería, Seguridad Social e Interior.
CSIF ha puesto de manifiesto la necesidad de una reforma estructural en el modelo productivo español, subrayando que el empleo sigue mostrando vulnerabilidades históricas.
En el contexto del 1º de Mayo, CSIF ha destacado que la tasa de desempleo ha aumentado hasta el 10,83% y que el empleo se ha reducido en 170.000 personas en el primer trimestre, lo que refleja la persistencia de problemas de precariedad y estacionalidad en el mercado laboral.
CSIF también ha alertado sobre el elevado nivel de temporalidad en las administraciones públicas, que se mantiene en torno al 27%, superando con creces al sector privado. Aunque se han ofertado plazas para estabilizar el empleo, todavía un 23% no han sido cubiertas, y muchas aún no han sido convocadas. Según el sindicato, esta situación refleja la ineficacia y la falta de voluntad política de las administraciones, incumpliendo la Ley de Temporalidad y la Ley 20/2021.
Ante este panorama, CSIF ha exigido establecer sanciones claras y efectivas para las administraciones que abusen de la contratación temporal, y que se convoquen todas las plazas estructurales en las ofertas de empleo público. El sindicato también pide una reducción en los plazos para ejecutar los procesos selectivos, que actualmente tienen un plazo máximo de tres años, frecuentemente incumplido. Además, tras un acuerdo con el Gobierno, CSIF reclama la eliminación de la tasa de reposición en futuras ofertas de empleo público, permitiendo que las administraciones ajusten sus ofertas según sus necesidades sin recurrir a la figura de los interinos.
No obstante, CSIF ha acusado al Gobierno de ocultar las cifras de la oferta de empleo público de este año, privando a las organizaciones sindicales del derecho a negociar. El sindicato espera acceder a esta información antes de que la oferta sea discutida en el Consejo de Ministros.
