El Ministerio de Función Pública ha convocado a las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF a una reunión de la Comisión de Temporalidad y Empleo este viernes. En este encuentro, se analizará la oferta de empleo público para el año actual. Esta cita se produce a raíz de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que pone en cuestión el tratamiento jurídico del personal laboral indefinido no fijo en el sector público español y ha llevado a los sindicatos a solicitar esta reunión para discutir medidas que reduzcan la temporalidad en la Administración Pública.
Aunque el Ministerio, dirigido por Óscar López, ha asegurado que la sentencia del TJUE no será parte de la agenda del encuentro, los sindicatos tienen la intención de abordar el fallo. La sentencia europea indica que las medidas adoptadas en España para sancionar el uso excesivo de contratos temporales sucesivos en el sector público no parecen cumplir con la normativa de la Unión Europea, ya que no garantizan una respuesta eficaz contra estas prácticas.
El fallo del TJUE critica que las medidas en España para tratar el abuso de contratos temporales no cumplen los requisitos del Derecho de la Unión, al no proporcionar una solución eficaz y compensación adecuada.
El TJUE respondió a una cuestión planteada por el Tribunal Supremo sobre si el sistema español para corregir estos abusos, que incluye la figura del indefinido no fijo, indemnizaciones o procesos selectivos, cumple con los estándares europeos. Tras la sentencia, el Ministerio de Función Pública calificó el fallo de “meramente aclaratorio”, sin repercusiones directas sobre la normativa nacional ni la imposición de sanciones. Además, la doctrina del Tribunal Constitucional ha asegurado que no se debe hacer fijos a trabajadores temporales sin oposición pública.
Óscar López destacó el compromiso del Gobierno para reducir la temporalidad en el empleo público, señalando que el problema es más pronunciado en las administraciones autonómicas, donde la tasa de temporalidad alcanza el 40%, frente al 4% de la Administración General del Estado. Asimismo, recordó que la Ley de Función Pública, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, busca avanzar en la reducción de la temporalidad en el sector público.
La sentencia del TJUE se originó en un caso de una trabajadora que encadenó seis contratos de interinidad en un centro educativo público de la Comunidad de Madrid. El tribunal europeo considera que calificar la relación laboral como indefinida no fija no es una medida adecuada, ya que perpetúa una situación de precariedad. Asimismo, critica las indemnizaciones previstas, señalando que no son proporcionadas ni efectivas para compensar los daños sufridos.
El TJUE también pone en duda la eficacia de los procesos selectivos que valoran la experiencia previa, ya que no garantizan a los trabajadores afectados una plaza ni evitan la continuidad del problema. Finalmente, aclara que corresponde al Tribunal Supremo determinar si la normativa española cumple con el Derecho de la Unión.
En respuesta al fallo, UGT ha exigido una reunión urgente de la Comisión de Temporalidad para discutir medidas complementarias que eviten abusos y ofrezcan soluciones estables. Por su parte, CSIF ha denunciado el incumplimiento sistemático de la Ley de Temporalidad, mientras que CCOO considera que el fallo confirma que el sistema jurídico español sigue sin proporcionar una respuesta eficaz para prevenir y sancionar el abuso de contratos temporales en el sector público.
