Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha expresado su intención de movilizarse, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales, para defender el Real Decreto-ley que contempla la prórroga de los contratos de alquiler. Esta movilización se desarrollará hasta que dicho decreto sea sometido a votación en el Congreso de los Diputados. Sordo destacó la importancia de que la sociedad civil manifieste su preocupación por el incremento de precios de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, e instó a los partidos políticos a responder a estas demandas.
Según Sordo, el decreto no solo beneficia a los más vulnerables, sino también a aquellos con salarios medianos que aún enfrentan alquileres excesivos. Abogó por la convalidación del decreto en el Congreso, argumentando que permitir incrementos de alquiler del 20% al 30% sería un despropósito. No obstante, reconoció que todavía no se ha asegurado el apoyo necesario para su aprobación. Este decreto, aprobado por el Gobierno en un Consejo de Ministros Extraordinario, busca extender los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027 por hasta dos años.
El acceso a la vivienda no se resuelve solo con la prórroga de contratos; se necesita una estrategia integral para que nadie destine más del 30% de sus ingresos a una vivienda.
Sordo ha subrayado la urgencia de contar con dos millones de viviendas asequibles en los próximos diez años y ha instado a la regulación de los alquileres en áreas de alta demanda, además de evitar la especulación inmobiliaria. Criticó la falta de acción de las comunidades autónomas, a las que acusó de obstaculizar una ley estatal que podría facilitar soluciones al problema habitacional.
Por otro lado, Antonio Maíllo, coordinador federal de IU y candidato a las elecciones autonómicas andaluzas, hizo un llamado a la movilización para defender el decreto de prórroga de alquileres. Maíllo considera que la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en materia de vivienda muestra una desvergüenza política al ignorar los problemas de acceso a la misma. Advirtió que ambos partidos, PP y Junts, enfrentarán un coste social y electoral si se oponen a la medida.
