Iryo se ha sumado al proceso judicial que investiga el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, ocurrido el 18 de enero. La empresa, con mayoría de capital en manos del Estado italiano, se ha presentado como acusación particular, lo que la identifica como parte perjudicada. Esta acción ha sido reflejada en la última cuenta de resultados de su matriz, Ferrovie dello Stato Italiane (Trenitalia), que detalla los sucesos del siniestro, que dejó 46 muertos y más de 120 heridos tras descarrilar uno de sus trenes y colisionar con un Alvia de Renfe.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha señalado una rotura de vía como la causa principal del accidente. El documento también indica que Adif, la empresa pública responsable del mantenimiento de la red ferroviaria en España, es quien estaba a cargo de la vía involucrada. Sin embargo, hasta el momento, no se han presentado acusaciones penales.
Ilsa, la sociedad matriz de Iryo con sede en Valencia, ha solicitado participar en el procedimiento legal abierto en el Juzgado de Montoro. La jueza del Juzgado número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ya ha permitido que Ilsa intervenga como acusación particular, reconociéndola como parte perjudicada.
El accidente ferroviario de Adamuz ha generado un complejo proceso judicial en el que varias entidades buscan participar como acusadores particulares.
Por otro lado, la operadora francesa Ouigo vio rechazada su solicitud de participación al no ser considerada perjudicada directa. Según una diligencia de ordenación del 7 de abril, a la que tuvo acceso Europa Press, se puede recurrir esta decisión. Tampoco fueron aceptadas las peticiones de los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría, el partido político Iustitia Europa, y el Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro).
Sin embargo, la Junta de Andalucía fue admitida como actor civil, limitada a reclamar gastos extraordinarios y perjuicios ocasionados, sin posibilidad de solicitar pruebas ni diligencias. Además, la jueza aprobó la presencia del Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Vox, la Asociación HazteOir.org, el Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), la Asociación Víctima de los Políticos y la Asociación Liberum, todas condicionadas a la prestación de una fianza de 3.000 euros.
