El Congreso de los Diputados se prepara para reanudar esta semana el debate sobre la reforma del Reglamento, una medida que pretende regular las relaciones de la Cámara con los grupos de interés y establecer sanciones para los diputados que no cumplan con las previsiones reglamentarias. Esta acción llega después de que el pleno aprobara considerar otra reforma de sus normativas, que contempla la suspensión temporal y multas de hasta 2.000 euros para aquellos diputados que alteren el orden y sean expulsados de las sesiones parlamentarias.
La revisión del reglamento se presentó tras un incidente protagonizado por el diputado de Vox, José María Sánchez, quien fue expulsado del hemiciclo tras un altercado con la letrada y el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Ahora, el Congreso retoma otra reforma impulsada hace un año por el PSOE, con el objetivo de regular las interacciones con los lobbies y fortalecer el régimen sancionador.
El martes se reunirá la ponencia para examinar las enmiendas a esta propuesta de ley. Según el proyecto, se sancionará a los diputados o grupos parlamentarios que no cumplan con las obligaciones del Reglamento y el Código de Conducta de las Cortes Generales, particularmente si omiten declaraciones de bienes o presentan información falsa. Las infracciones podrán ser denunciadas ante la Comisión del Estatuto de los Diputados, que decidirá si procede investigar.
El Pleno del Congreso tendrá la última palabra sobre las sanciones, pudiendo llegar a retirar cargos y complementos salariales a los infractores
ERC y Bildu buscan endurecer esta normativa proponiendo que los ex altos cargos no puedan representar a intereses privados en el Congreso hasta cuatro años después de dejar sus puestos. La iniciativa del PSOE inicialmente sugiere un periodo de dos años, pero los partidos solicitan extenderlo para evitar "puertas giratorias" entre el sector público y privado.
El PNV, por su parte, desea ampliar la restricción del lobby a todo el personal público potencialmente susceptible de influencia, según la Ley de transparencia e integridad de actividades de grupos de interés. Por otro lado, el PP aboga por que los exdiputados que realicen actividades de lobby informen al Congreso, solicitando que no se beneficien de privilegios mientras ejerzan esta influencia.
Asimismo, Junts y otros grupos como PNV, ERC, Bildu y BNG insta a excluir de la normativa a las entidades sin ánimo de lucro, permitiéndoles el diálogo con parlamentarios sin necesidad de inscribirse en un registro de lobbies. Se enfatiza la importancia de que la actividad de influencia sea "profesional" en el ámbito parlamentario, sostiene Junts en su enmienda.
