La comisión del Congreso encargada de investigar la gestión de la dana que provocó 232 muertes el 29 de octubre de 2024 en Valencia, se prepara para recibir este lunes, por segunda vez, a Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias durante la tragedia. Pradas, quien está imputada en el caso, comparecerá junto a Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y también miembro del Partido Popular.
El órgano presidido por la socialista Carmen Martínez, escuchó recientemente al expresidente de la Generalitat y actual diputado autonómico Carlos Mazón, así como al secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. Ambos, también implicados en la causa penal, optaron por no responder a las preguntas de los comisionados. Mazón argumentó que los tribunales ya se habían pronunciado, mientras que Argüeso invocó su derecho de defensa.
El testimonio de Mompó es esperado con interés, tras su declaración previa en el Congreso el 24 de noviembre de 2025. La jueza de Catarroja que instruye la investigación ha cuestionado la versión ofrecida por Mompó durante su segunda declaración judicial. El presidente de la Diputación afirmó entonces no recordar haber sido advertido sobre la situación crítica del barranco del Poyo por Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, a pesar de que Folgado asegura haberle alertado a las 18:00 horas del estado del barranco. La jueza ha señalado que existen abundantísimas pruebas que contradicen las afirmaciones de Mompó.
La comisión del Congreso busca esclarecer los hechos tras la dana de octubre de 2024 en Valencia que dejó 232 víctimas
En las últimas semanas, Mompó ha sido protagonista de otra polémica al calificar a Diana Morant, ministra de Ciencia y candidata a la Generalitat por los socialistas valencianos, de "lameculos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Tras el turno de Mompó, Pradas comparecerá en sesión vespertina. En una declaración anterior ante la comisión parlamentaria el 15 de diciembre, Pradas se acogió inicialmente a su derecho a no declarar. Sin embargo, terminó respondiendo algunas preguntas, admitiendo que se cometieron "fallos" en la gestión de la emergencia, como la falta de regulación en el envío del Es-Alert. En esa ocasión, también negó que el Gobierno autonómico de Carlos Mazón hubiera ordenado el retiro de los bomberos forestales que trabajaban en el barranco del Poyo durante la tragedia.
