El martes 29 de septiembre finaliza el plazo establecido por el Gobierno para aprobar el nuevo decreto ley de vivienda en el Consejo de Ministros. Este texto busca introducir cambios significativos en el mercado inmobiliario, tales como la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028, la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones, y el aumento del IVA al 21% para los pisos turísticos. Además, se proponen medidas para incrementar la oferta de vivienda asequible.
El decreto, fruto del acuerdo entre PSOE y Sumar, se centra en dos temas principales: garantizar la estabilidad de los alquileres y combatir el fraude, así como medidas para fomentar la oferta de vivienda asequible. Estas incluyen una reforma de la Ley del Suelo y negociaciones para proteger a las familias vulnerables frente a desahucios.
Sin embargo, el progreso del decreto ha enfrentado obstáculos debido a las divergencias entre los grupos parlamentarios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció en agosto que ciertas medidas son vistas como excesivas por Junts y insuficientes por Sumar. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha solicitado un esfuerzo de generosidad a las formaciones, resaltando que el decreto incorpora propuestas de diversos grupos.
Junts insiste en centrarse en la ampliación de la oferta de vivienda y cuestiona los límites de precios, proponiendo incentivos fiscales para los propietarios. Por su parte, Sumar aboga por la protección de los inquilinos, apoyando la prórroga de contratos y la regulación de los alquileres de temporada y pisos turísticos. El caso del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid, ha intensificado las exigencias de Sumar para implementar medidas que protejan a las personas vulnerables.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha manifestado la necesidad de presentar el decreto al Congreso, aunque no se tenga una mayoría garantizada. Podemos, distanciándose del texto, rechaza los beneficios fiscales para propietarios y demanda medidas enfocadas en reducir precios y proteger a los inquilinos. Asimismo, subraya la necesidad de retirar la reforma de la Ley del Suelo del decreto.
El desahucio de Maricarmen ha "removido la conciencia" de los grupos políticos y aproximado posturas previamente distantes
El PNV y ERC también han expresado opiniones y exigencias variadas respecto a la reforma del suelo y la vivienda vacía. Mientras tanto, el PP mantiene su defensa de aumentar la oferta de suelo y critica el enfoque intervencionista del Gobierno. Organizaciones como CCOO, UGT y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas han instado a un consenso político, destacando la necesidad de medidas estructurales contra los desahucios y una mayor protección para los inquilinos.
La ministra Isabel Rodríguez ha señalado que el compromiso de los grupos es lograr la aprobación del texto en el menor tiempo posible. Aunque el decreto aborda el problema de la vivienda de manera amplia, los desahucios representan uno de los principales puntos de discordia en el Congreso.
