El Congreso ha rechazado, por primera vez, un dictamen del Tribunal de Cuentas relacionado con la Cuenta General del Estado, correspondiente a 2024. Esta decisión fue respaldada por los votos de PP, Vox, Junts y UPN. La controversia se ha centrado en el uso de cerca de 2.400 millones de euros de fondos europeos sobrantes para el pago de pensiones.
El dictamen aprobado por el Congreso solicita al Tribunal de Cuentas un informe que evalúe las consecuencias de la ausencia de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Tradicionalmente, la Declaración sobre la Cuenta General del Estado ha sido un trámite sin mayores complicaciones en el Parlamento. Sin embargo, esta vez el Tribunal de Cuentas reveló que dichos recursos sobrantes del Plan de Recuperación se usaron para financiar pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos, suscitando las críticas de PP y Vox.
Tanto el Gobierno como la Comisión Europea y Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, han asegurado que esta práctica no es ilegal y cumple con las normas de los fondos europeos. A pesar de esto, la oposición, liderada por PP y Vox, ha decidido manifestar su disconformidad. En la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde estos partidos tienen mayoría, se promovió una resolución de rechazo a la Cuenta General de 2024.
La oposición se ha centrado en cuestionar la gestión presupuestaria del Gobierno, destacando la falta de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado y el uso de modificaciones presupuestarias
El dictamen no solo critica la falta de presupuestos, sino que también cuestiona otros aspectos como el deterioro de las cuentas públicas y el uso de fondos europeos sobrantes. Un consejero del Tribunal de Cuentas presentó un voto particular tras conocer el uso de estos fondos para pensiones.
El voto de Junts era crucial para el resultado. Josep Maria Cruset, diputado de Junts, denunció irregularidades contables y criticó que el último presupuesto aprobado fue en 2022. Además, acusó al Gobierno de no reconocer obligaciones por más de 5.000 millones de euros e inflar derechos sobredeudados por 13.900 millones de euros.
Finalmente, el Pleno del Congreso ha dado su apoyo a las acciones de PP y Vox, que serán remitidas al Senado para su votación. Con la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, se espera que también se apruebe el rechazo a la Cuenta General de 2024.
