El Gobierno español ha decidido aplazar la aprobación del proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales hasta la próxima semana. Esta información ha sido confirmada por fuentes del Ministerio de Trabajo a Europa Press. Aunque inicialmente se esperaba que el proyecto recibiera luz verde en el Consejo de Ministros este martes, la decisión se ha tomado debido a las circunstancias generadas por el reciente apagón, por lo que se llevará a cabo en un Consejo de Ministros extraordinario mañana.
Una vez aprobado el proyecto, pasará al Congreso, donde se espera que el Gobierno asegure los apoyos necesarios para su aprobación. Este texto, acordado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, llega más de dos meses después de su consideración como anteproyecto de ley, después de que se hayan recibido los informes pertinentes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES). A pesar de que se previó su aprobación antes del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, finalmente será discutido en una fecha posterior.
El Ministerio estima que unos 12 millones de trabajadores se beneficiarán de esta reducción de jornada
El colectivo más beneficiado será aquel que no está cubierto por convenios colectivos, quienes han estado sometidos a jornadas similares a las de hace más de cuarenta años. Sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura y los servicios son donde más se evidencian estas condiciones laborales.
Esta rebaja de la jornada forma parte de un acuerdo firmado en diciembre entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, en el que CEOE y Cepyme se apartaron, considerando que este tema debía resolverse a través de la negociación colectiva. Sin embargo, el Ministerio subraya que la medida más significativa de esta ley no es solo la reducción de jornada, sino la reformulación del control horario, que debe ser implementado en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley.
El registro horario será digital y deberá ser accesible para la Inspección de Trabajo en tiempo real, garantizando que los trabajadores registren su jornada de manera personal e inmediata. Esto asegurará la autenticidad de los datos y la correcta identificación del registro.
Asimismo, el proyecto incluye el derecho irrenunciable a la desconexión digital, con el objetivo de que los trabajadores no sean obligados a responder a correos o llamadas fuera de su jornada laboral. El Gobierno tiene la intención de publicar esta norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo antes posible, brindando a las empresas un periodo de adaptación antes de que la jornada máxima de 37,5 horas entre en vigor.
Las empresas que incumplan con el registro horario enfrentarán multas de hasta 10.000 euros por trabajador
Esto representa un endurecimiento considerable de las sanciones, que subirán de 7.500 a 10.000 euros por cada trabajador afectado. Las infracciones serán categorizadas en diferentes grados, aumentando las multas desde 1.000 hasta 10.000 euros dependiendo de la gravedad de la falta cometida en materia de jornada laboral, trabajo nocturno y horas extra.
Una vez aprobado el proyecto, se iniciará la tramitación parlamentaria en el Congreso, donde no se prevé un camino fácil. El Gobierno ha estado negociando con sus aliados, aunque enfrenta la resistencia de la patronal catalana Fomento del Trabajo. A pesar de las advertencias de los sindicatos sobre posibles enmiendas que podrían alterar el acuerdo, la CEOE y Fomento del Trabajo intentarán presionar a los grupos parlamentarios para que presenten enmiendas que se opongan a la medida.
La jornada laboral de 37,5 horas vuelve al Consejo de Ministros antes de ir al Congreso
