El Gobierno de España ha presentado ante el Congreso una solicitud para celebrar las sesiones extraordinarias necesarias en julio con el objetivo de aprobar la Ley de Movilidad Sostenible. La tramitación de esta ley encontró un obstáculo en la Comisión de Transportes debido a las tensiones políticas derivadas del caso ‘Koldo’ y las reticencias de Podemos al texto propuesto.
La ley había superado anteriormente la fase de ponencia en el Congreso, una etapa parlamentaria crucial en la que se introdujeron más de 130 enmiendas al texto. Una de las propuestas más significativas fue promovida por Sumar, que pidió que el nuevo mapa concesional estatal de paradas de autobuses sea acordado con las comunidades autónomas, compensando económicamente para las paradas que fueran suprimidas. No obstante, cuando se iba a realizar el debate decisivo en la Comisión de Transportes el 18 de junio, este fue suspendido inesperadamente debido a la intensificación del clima de tensión política.
Fuentes cercanas al proceso aseguran que la paralización se vio influenciada por las recientes acusaciones de corrupción que involucran a los exsecretarios del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Dada la relevancia de Ábalos como exjefe del Ministerio encargado de la ley, la situación se volvió especialmente delicada.
El Gobierno ha sugerido reanudar las discusiones el 8 o el 10 de julio, con la intención de llevar la ley al Pleno el 22 de julio. El problema radica en que, aunque se espera superar la tramitación en comisión gracias al apoyo del BNG y no de Podemos, el apoyo en el Pleno sigue siendo incierto debido a la posición crítica de la formación morada. Hasta ahora, Podemos ha manifestado que «no se dan las condiciones» para brindar su apoyo al texto, representando un desafío importante para que el Gobierno asegure la aprobación final del proyecto de ley.
La aprobación de esta ley es crucial, ya que de ella depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos
Esta norma, que se intenta aprobar desde la legislatura anterior, contiene varias medidas importantes, como la revisión de las etiquetas medioambientales de la DGT para incluir emisiones de CO2 y concesiones fiscales favorecidas por Junts para el Mobile World Congress en Barcelona. Sin embargo, la difícil aritmética parlamentaria sigue siendo un obstáculo para su puesta en marcha antes de fin de 2024, tal como esperaba el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
