El Partido Popular (PP) ha defendido este martes, durante el Pleno del Senado, su proposición de ley destinada a reformar la Ley del Suelo, presentándola como una norma reformista y ambiciosa que busca cambiar el «rumbo catastrófico» de las políticas de vivienda del Gobierno. El senador popular José Ramón Díez de Revenga destacó la necesidad de «menos propaganda y más viviendas» en su intervención, enfatizando que esta ley se votará hoy y que tiene altas probabilidades de ser aprobada, dado que el PP cuenta con mayoría en la Cámara Alta. Una vez aprobada, podrá ser tramitada en el Congreso de los Diputados.
La reforma, registrada por el PP en enero, introduce el silencio positivo a partir de tres meses, de modo que la falta de informes sectoriales o de licencias no retrase los procesos urbanísticos. Además, propone que la declaración de nulidad de un instrumento de ordenación territorial no implique la nulidad de sus actos de desarrollo, permitiendo su corrección. Otro punto destacado es la derogación de lo que el PP considera elementos «más lesivos» de la Ley de Vivienda, así como la eliminación de las zonas tensionadas y del índice de precios de referencia de los alquileres.
La reforma busca adecuar la Administración Pública a las necesidades actuales de vivienda
También se propone que todas las personas jurídicas puedan acudir a los tribunales para recuperar viviendas ocupadas y se reduce de dos meses a un mes el plazo de posible suspensión de un proceso de desahucio. El senador subrayó que se han tenido en cuenta las opiniones de 40 asociaciones y colectivos del sector para el desarrollo de la propuesta.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha respondido acusando al PP de abrir la «puerta a la corrupción urbanística» con estas reformas, criticando particularmente el silencio administrativo positivo. El senador José Javier Izquierdo cuestionó las implicaciones de permitir que se construya sin una debida supervisión administrativa. Además, criticó al PP por rebajar el umbral de vulnerabilidad económica de los hogares a 900 euros mensuales, argumentando que esto favorece a intereses de grandes tenedores en detrimento de la mayoría de la población.
Desde Vox, aunque se ha valorado positivamente esa reforma, se ha enfatizado la necesidad de reducir las cargas burocráticas y fiscales que afectan la construcción. Por su parte, grupos de izquierdas han criticado que el PP solo recoge las demandas del sector de la construcción, en lugar de abordar las necesidades generales de la sociedad.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha reprochado al PP su negativa a apoyar una propuesta de reforma anterior, planteando que si hubieran respaldado esa iniciativa, se podría haber avanzado más rápidamente en la tramitación de la norma actual.
