El apagón eléctrico del pasado lunes, uno de los más graves de las últimas décadas en la Península Ibérica, ha provocado una fuerte sacudida en el sector energético español. Mientras los usuarios recuperan la normalidad, el mundo político y empresarial vive horas de tensión, con acusaciones cruzadas, reuniones urgentes y aperturas de investigaciones.
Iberdrola ha sido la primera en señalar directamente a Red Eléctrica de España (REE) como principal responsable de la interrupción del servicio. Según declaraciones recogidas por RTVE y la Cadena SER, la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán ha defendido que sus centrales funcionaron correctamente y que cumplieron todas las indicaciones recibidas desde el centro de control de REE. De hecho, algunos ejecutivos de la compañía insisten en que su operativa fue ejemplar y que la interrupción no se originó en sus instalaciones.
En un tono mucho más moderado, Endesa ha informado que ya ha restablecido el suministro al 100% de sus clientes afectados por el apagón. La compañía ha evitado entrar en la polémica y ha destacado su colaboración con Red Eléctrica durante la crisis. En un comunicado, subrayaron que siguieron “las instrucciones del operador del sistema en todo momento” y que la recuperación fue posible gracias a la coordinación técnica entre ambas entidades.
Mientras tanto, Red Eléctrica guarda cautela y continúa con el análisis técnico de lo ocurrido. La presidenta del operador del sistema, Beatriz Corredor, ha afirmado que no dimitirá y que la red ha funcionado con rapidez y eficacia. Según REE, ya se ha localizado el origen del fallo, aunque se están revisando millones de datos para confirmar su causa exacta.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha convocado una cumbre urgente en La Moncloa con los principales actores del sector energético: REE, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Acciona Energía, entre otros. El objetivo: esclarecer responsabilidades y prevenir futuros incidentes. Según fuentes gubernamentales, se ha exigido “máxima transparencia” y se han pedido informes detallados a todas las compañías.
La situación ha llegado también al ámbito autonómico. La Generalitat de Cataluña ha abierto expedientes informativos tanto a Endesa como a Red Eléctrica, con el fin de investigar su papel en el apagón. La Consejería de Empresa y Trabajo ha asegurado que analizará si hubo negligencia o fallos de coordinación que puedan derivar en sanciones.
Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Audiencia Nacional ya han abierto líneas de investigación independientes, que podrían extenderse durante semanas. Entre las hipótesis que se manejan figuran un fallo técnico de sincronización en el sistema eléctrico de transporte, aunque por ahora se descarta un ciberataque.
En medio del cruce de versiones, los expertos coinciden en que la creciente complejidad del sistema eléctrico, cada vez más digitalizado y descentralizado, requiere revisar protocolos y aumentar las inversiones en estabilidad y ciberseguridad. La presión social y política por esclarecer lo sucedido es máxima, y el sector afronta un momento de autocrítica en busca de respuestas.
