El Tribunal Supremo celebrará este viernes una vista para evaluar varias peticiones que buscan suspender temporalmente el real decreto del Gobierno sobre la regularización extraordinaria de migrantes. Este proceso se realiza mientras se determina el fondo del asunto. Originalmente programada para el 13 de mayo, la audiencia fue pospuesta por razones de servicio, según informó una providencia recogida por Europa Press.
Las organizaciones y entidades que han solicitado la suspensión cautelar del decreto incluyen a Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid. Por su parte, la Abogacía del Estado acudirá en defensa del decreto, argumentando que su paralización afectaría directamente los derechos de las personas extranjeras involucradas y el interés general, según un informe al que ha tenido acceso dicha agencia de noticias.
El Ejecutivo defiende que detener el decreto afectaría los derechos de los migrantes y el interés general.
Hazte Oír sostiene que el decreto excede los límites legales y modifica estructuralmente la política migratoria del Estado, produciendo efectos directos y duraderos. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica advierte del riesgo cierto de perjuicio irreparable, debido al volumen extraordinario de solicitudes, la creación de situaciones jurídicas individualizadas y la emisión de autorizaciones de residencia y trabajo. Vox, a través de Ignacio Garriga, critica que se legaliza lo que consideran una invasión migratoria y envía un mensaje inoportuno a nivel internacional.
La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, argumenta que la medida impacta gravemente la prestación de servicios públicos en la región sin ofrecer mecanismos de financiación o provisión de recursos, además de contravenir la normativa europea y afectar la seguridad.
En abril, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó esta regulación, cuyo objetivo es beneficiar a 250.000 solicitantes de asilo y a otras 250.000 personas en situación irregular, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el mismo mes, el Supremo solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el "expediente administrativo" relacionado con el decreto.
