Una coalición de asociaciones europeas del sector turístico ha manifestado su satisfacción ante la decisión de la Comisión Europea de iniciar un procedimiento de infracción contra España. La medida responde a las dudas generadas por el Real Decreto 933/2021, que regula el registro de datos de los viajeros. Entre las organizaciones que integran esta coalición se encuentran la Asociación Europea de Agentes de Viajes y Turoperadores (Ectaa), la Federación Europea de Organizaciones de Campings y Asociaciones de Parques Vacacionales (Efco&hpa), la Asociación Europea de Turismo (ETOA), la patronal europea de hoteles, restaurantes y cafeterías (Hotrec) y la Federación Europea de Turismo Rural (RuralTour).
La Comisión Europea ha comunicado a España su preocupación por una posible vulneración de las normas europeas de protección de datos, tras el envío de una carta de emplazamiento el pasado 4 de junio. Las inquietudes se centran en la recopilación de datos personales, incluidos los relacionados con pagos y ubicación, el acceso a las fuerzas de seguridad y el periodo de conservación de la información durante tres años.
El sector turístico europeo se ha movilizado desde hace años para expresar sus inquietudes sobre el Real Decreto 933/2021, calificándolo de desproporcionado y cuestionable en términos de legalidad y aplicación práctica
Desde 2024, estas organizaciones han remitido varias comunicaciones a los ministerios españoles pertinentes, así como a la Agencia Española de Protección de Datos y a la propia Comisión Europea, destacando la inseguridad jurídica que la normativa genera respecto al cumplimiento de las leyes europeas de protección de datos. Además, aportaron informes jurídicos y participaron en consultas públicas al respecto.
A pesar de reconocer la importancia de implementar medidas que combatan el terrorismo y la delincuencia organizada, las asociaciones reclaman que estas acciones respeten siempre los principios de necesidad, proporcionalidad y seguridad jurídica establecidos por la legislación comunitaria. Las organizaciones esperan que la decisión de la Comisión Europea facilite una solución equilibrada que combine los objetivos de seguridad con el respeto a los derechos ciudadanos y aligerar las cargas administrativas para el sector turístico.
