La reforma del Código Penal introducida por la Ley de Multirreincidencia, que prevé penas de entre uno y tres años de prisión para quienes hayan sido condenados por más de tres hurtos o delitos menos graves, entrará en vigor este viernes. La medida fue aprobada en el Congreso gracias al apoyo de PSOE, PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.
La propuesta, originalmente presentada por Junts en 2024, fue finalmente llevada al debate en el Congreso el pasado mes de febrero, después de haber estado meses sin avances. La ruptura de las negociaciones entre Junts y el Gobierno impulsó a los socialistas a reactivar la iniciativa, que fue aprobada en apenas una semana por la Comisión de Justicia.
No obstante, la reforma contó con la oposición de los socios minoritarios del gobierno, Sumar, junto con Bildu, Podemos, BNG y Compromís, mientras que ERC optó por abstenerse en la votación.
La nueva normativa endurece las penas para ciertos delitos, contemplando hasta tres años de cárcel por el robo de móviles y sanciones más severas para estafas.
Además de estas medidas, el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, aprobó enmiendas como la que impone penas de prisión de seis a 18 meses o multas para quienes defrauden energía destinada al cultivo de marihuana, y el castigo con entre tres y cinco años de prisión por el 'petaqueo', relacionado con el suministro de combustible a narcolanchas.
Sin embargo, se vetaron las propuestas del PP para aumentar las plazas de fiscales, ya que el Gobierno argumentó que su implementación implicaría un sobrecoste presupuestario. Moncloa frenó el debate de estas enmiendas, apoyada por la mayoría conformada por el PSOE y Sumar en la Mesa de la Cámara Baja. Alegaron que la votación requeriría un gasto adicional de más de 70 millones de euros, al suponer un incremento significativo de personal en comisarías de extranjería y plazas de fiscalía.
