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Entra en vigor ley que hace más justo el copago farmacéutico con topes según ingresos

El BOE aprueba un real decreto-ley que modifica el copago farmacéutico, ampliando tramos para mejorar la equidad en el acceso a medicamentos.

Entra en vigor ley que hace más justo el copago farmacéutico con topes según ingresos.
Por Redacción Capital

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado un nuevo real decreto-ley que modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica. Esta medida, aprobada este martes en el Consejo de Ministros y en vigor desde el jueves, busca reforzar la equidad en el acceso a los medicamentos mediante la incorporación de nuevos tramos de aportación.

Para las personas activas y sus beneficiarios, el sistema pasa de tres a seis tramos de renta. En las rentas anuales inferiores a 35.000 euros se establecen límites mensuales. Así, quienes ganen menos de 9.000 euros seguirán abonando el 40% del copago con un máximo de 8,23 euros al mes. Para quienes se encuentren entre los 9.000 y 17.999 euros, se mantiene el mismo porcentaje de copago con un tope de 18,52 euros. Aquellos que ganen entre 18.000 y 34.999 euros pagarán el 45%, limitado a 61,75 euros mensuales. A partir de 35.000 euros, los porcentajes se mantienen en 45%, 50% y 60% para los tramos de 35.000-59.999, 60.000-99.999 y más de 100.000 euros, respectivamente, aunque sin tope mensual.

En cuanto a los pensionistas, también se han revisado los tramos. Aquellos con rentas menores a 18.000 euros continuarán pagando el 10% de copago, con un máximo de 8,23 euros al mes. Se introduce un nuevo tramo para quienes ganen entre 18.000 y 59.999 euros, con el mismo porcentaje de copago pero con un límite reducido a 13,37 euros mensuales. Los pensionistas con ingresos entre 60.000 y 99.999 euros mantendrán un 10% de copago con un tope de 18,52 euros, y para quienes superen los 100.000 euros anuales, el copago será del 60% con un techo de 61,75 euros al mes.

La reforma tiene como objetivo corregir las desigualdades muy evidentes del sistema actual, protegiendo especialmente a aquellos pacientes crónicos con rentas bajas o medias.

Este cambio normativo, impulsado conjuntamente por los ministerios de Sanidad y Hacienda, tiene un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros. Con ello se busca garantizar que las condiciones económicas no sean una barrera para la continuidad en los tratamientos, especialmente en un contexto de aumento del coste de vida e incertidumbre económica internacional. Además, se mantienen las exenciones existentes para colectivos vulnerables y se incorpora la exención para beneficiarios del complemento de ayuda para la infancia.

La reforma introducida apunta a un modelo de copago más progresivo, sin aumentar la aportación que los colectivos venían realizando. Estudios técnicos han mostrado que niveles de aportación elevados pueden afectar la adherencia terapéutica, favoreciendo interrupciones o reducciones de tratamientos por motivos económicos, lo que impacta en la salud de los pacientes y en el sistema sanitario.

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